En plena campaña de alto riesgo de incendios, todavía hay propietarios que tienen sus parcelas próximas a viviendas sin desbrozar. La fecha límite era el 31 de mayo, pero la dejadez de algunos, el desconocimiento de otros y la imposibilidad de localizar a una gran parte abonan la maleza que crece descontrolada y se convierte en una amenaza para las aldeas en caso de que salten las llamas en la zona. Dos meses después de que finalizase el plazo para tener limpias las llamadas franjas secundarias —áreas de 50 metros en torno a núcleos de población, edificaciones e instalaciones—, la Consellería de Medio Rural ya revisó más de 180.000 parcelas incluidas en el convenio de gestión de la biomasa suscrito en 2018 con la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y la empresa pública encargada del desbroce Seaga.

Fruto de estas comprobaciones, el departamento que dirige José González se ha encontrado con un importante volumen de propietarios de parcelas sin desbrozar a los que no logra localizar, con lo que de no dar con su paradero serán las arcas públicas las que tendrán que costear las tareas de limpieza. Hasta la fecha son cerca 31.500 fincas en esta situación, por lo que la Xunta enviará las notificaciones apremiando a sus titulares a la limpieza al Diario Oficial de Galicia (DOG) y al Boletín Oficial del Estado (BOE).

En paralelo, Medio Rural ya advirtió a 8.000 titulares y personas jurídicas de los 81 concellos calificados como priorizados en la lucha contra el fuego para que acometan las labores de desbroce en sus fincas. Pero en total son unos 65.000 los titulares que tienen que ser notificados, según detalló ayer el conselleiro de Medio Rural, José González. En estas comunicaciones, la Xunta les apremia a acometer las tareas de limpieza, advirtiéndoles que de no hacerla, cada ayuntamiento procederá subsidiariamente y posteriormente les trasladará la factura correspondiente.

Durante su visita ayer al concello ourensano de Boborás para comprobar las tareas realizadas por los supervisores de prevención, González advirtió de la dificultad de localizar a los titulares, por lo que en muchos casos —adelantó— será necesario publicar las notificaciones en el DOG y en el BOE. La Xunta ya prepara el envío al DOG o al BOE de las notificación de cerca de 31.500 parcelas de propietarios no localizables, avanzó el conselleiro.

Desde que Xunta, concellos y Seaga firmaron un convenio para la gestión de la biomasas en los núcleos amenazados por los incendios, el porcentaje tanto de parcelas como de superficie gestionada en los ayuntamientos adheridos —270— pasó de representar la mitad del total en 2019 a situarse cerca del 70% este año. Este aumento, según apuntan desde Medio Rural, se consiguió tanto vía la limpieza que realiza directamente Seaga con cargo al convenio —con una oferta para los propietarios de 350 euros por hectárea— como por la concienciación ciudadana. Con la objetivo de extender la labor de comprobación, la Xunta ha contratado a 30 supervisores de prevención más que realizarán el trabajo de campo en el resto de municipios adheridos al convenio. Pero además, Medio Rural someterá a vigilancia a parroquias no priorizadas de los concellos seleccionados. En esta revisión el equipo que se encarga del trabajo de campo peinará Boborás, Porto do Son, Guitiriz, Cualedro, Oímbra, A Gudiña, Verín, Sandiás, Arbo y Mondariz.

Además de la limpieza de las franjas secundarias, que son las más próximas a las viviendas, el plan de protección incluye la gestión de la biomasa en vías de titularidad municipal, hasta un máximo de 10 kilómetros por concello y año, con cargo al convenio, así como 10 hectáreas de ejecución subsidiaria, también por ayuntamiento y año.

También recoge la puesta en marcha de proyectos de movilización de tierras en franjas secundarias consideradas de especial transcendencia y el impulso de las aldeas modelo para recuperar parcelas próximas a los núcleos de población. En estos momentos, ya hay 44 proyectos en marcha en diferentes etapas y 14 declaradas.

En cuanto a la asistencia técnica a los ayuntamientos, el conselleiro de Medio Rural destacó que la Xunta mantiene el impulso de los planes de prevención y defensa contra incendios municipales. En la actualidad de los 270 concellos adheridos al convenio, a 232 ya les han sido enviados sus planes antiincendios. De ellos, 130 ya están aprobados y 41 cuentan con el informe favorable de la Consellería y solo estan pendientes de su aprobación por el pleno municipal.