Vigilan sus desplazamientos habituales, hablan con los vecinos e incluso visitan sus domicilios. Son los ejes que centran el plan de seguimiento de la Policía Autonómica a los sospechosos de haber prendido fuego al monte, un delito que cada año reduce a cenizas miles de hectáreas pero que la mayoría de los casos quedan sin esclarecer por falta de pruebas y de testigos que apunten a la autoría. Fue a raíz de la voraz ola de fuegos del verano de 2006 que Galicia puso en marcha un operativo especial de vigilancia a los incendiarios reincidentes y sospechosos para atajar los cientos de fuegos intencionados que amenazan los bosques de la comunidad y que cada vez son más virulentos y ponen en jaque a aldeas y llegan incluso a las ciudades.
En esta campaña de alto riesgo, que finaliza el 30 de septiembre, están en el punto de mira policial 27 sospechosos en la comunidad, con un “seguimiento más exhaustivo” sobre 21, según detallan desde la Unidad de la Policía Nacional adscrita a Galicia (UPA). Se trata de una cifra más baja que en el operativo de 2020 —entonces eran 91—, pero similar a los sometidos a una mayor vigilancia —24—. “Hay que tener en cuenta que la pandemia afectó a la movilidad, con lo cual —apuntan— la actividad incendiaria se ha visto reducida”.
En la lista de fichados por las fuerzas policiales en Galicia están incendiarios que han salido de prisión o del psiquiátrico tras cumplir condena por un delito contra el medio ambiente, sospechosos de haber desatado las llamas de manera intencionada o aquellos que han sido vistos en varios ayuntamientos asolados por los incendios.
Cuando una zona se ve afectada de forma reiterada por el fuego y no se ha dado con el responsable, ni se consigue establecer una motivación de los incendios, la Policía Autonómica realiza controles con el objetivo de comprobar actividades no permitidas y que puedan hacer que se beneficie del monte quemado el autor. Estas actividades pueden ser pastoreo en zona quemada, el ejercicio y las repoblaciones de la caza, las talas o el cambio de uso del suelo. Esta información, permite a las unidades de investigación de la UPA focalizar la prevención de futuros incendios en esa área.
Para la campaña de este año han sido identificadas por la Consellería de Medio Rural 35 parroquias de alto riesgo, la mitad que hace dos años (en 2019 eran 71), pero la cifra es más alta que en el verano de 2020, cuando el Plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga) identificó 28. En este mapa de alta actividad incendiaria, la UPA se encarga de la prevención, vigilancia e investigación de incendios en seis parroquias, que es donde se realizan los seguimientos más exhaustivos.
Aunque es imposible cuantificar los incendios evitados con la actividad policial preventiva, según destacan desde la Policía Autonómica, advierten de que “la labor policial contribuye decisivamente a la disminución del número de incendios forestales”.
La investigación de cada uno de los incendios registrados en la comunidad revela las posibles causas. Los informes de los técnicos de Medio Rural constatan que tres cuartas partes son intencionados. “Esta intencionalidad se pone de manifiesto por factores como la nocturnidad, la localización de dos o más focos simultáneos o la intensificación de la actividad delictiva incendiaria en condiciones meteorológicas que le son especialmente favorables, como son aquellas en las que se registran fuertes vientos, baja humedad y temperaturas altas”, detallan desde la UPA.
Las técnicas empleadas por la Policía Autonómica en materia de incendios son tres: preventivas, inmediatas y de investigación.
Las preventivas se llevan a cabo antes de que se produzca el incendio con la vigilancia de las zonas con especial incidencia incendiaria, control de personas susceptibles de provocar un fuego, entrevistas con vecinos y colaboraciones con agentes forestales y otros cuerpos policiales.
Las inmediatas se establecen en el momento de activarse un incendio y consisten en colaborar con el director de extinción para desalojos de viviendas o cortes de tráfico. En esta fase se intenta obtener la mayor información “en caliente” bien de vecinos, posibles testigos...
Y, finalmente, la fase de investigación, una vez ocurrido el incendio se trata de determinar su origen y causas con el fin de identificar a posibles sospechosos y modus operandi. La colaboración de los agentes forestales —destacan desde la UPA— es fundamental, ya que en muchas ocasiones es imprescindible para llevar a buen fin las pesquisas. La investigación se apoya también en la información que aportan las cámaras de vigilancia, drones y programas informáticos.
Un delito complejo de esclarecer que este año suma 64 incendios resueltos y 27 imputados
En los incendios forestales resulta muy complejo dar con el arma del delito y, en consecuencia, con el autor. Las pruebas las engulle el fuego y las horas a las que se planta fuego, por lo general a última hora de la noche o de madrugada, impiden que haya testigos que puedan dar una pista sobre el responsable de las llamas. “Los autores utilizan lugares solitarios, frondosos, desprovistos de cualquier control, en ocasiones de noche, para iniciar el incendio”, detallan desde la UPA. Una vez prendido, el fuego destruye casi todos los indicios que pudieran quedar, sumado ello a la actividad de los servicios de extinción que pueden alterar los vestigios existentes en el punto de inicio durante las labores para poner fin al fuego. En lo que va de año, la Policía Autonómica ha esclarecido 64 incendios y ha imputado como autores a un total de 27 personas. Todas estas imputaciones son fruto de las investigaciones policiales, en las que se cuenta con la estrecha colaboración de los integrantes de las Brigadas de Investigación de Incendios Forestales de los distintos Distritos de la Consellería do Medio Rural. Cada año se abren en Galicia de 200 a 300 procesos por delitos de incendios forestales, pero apenas una treintena son juzgados, un balance que se traduce en que más del 90% de los fuegos declarados quedan impunes.
