Más de 70.400 gallegos carecen de puntos de retirada de efectivo, según los datos del Banco de España. El cierre de oficinas y cajeros en el rural, junto a una población envejecida sin habilidades digitales, implica que personas mayores se tengan que desplazar varios kilómetros si necesitan dinero. Municipios como A Baña, Vimianzo y Zas han anunciado ya movilizaciones para evitar el cierre de más sucursales bancarias y la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, exige soluciones al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. El jefe del Ejecutivo gallego, sin embargo, deja la problemática en manos del Estado.

Así, reclama al Gobierno que apruebe “una normativa para regular y fijar un mínimo de presencia del sistema financiero en los pueblos, con independencia del número de personas censadas”. Según defiende, la Xunta no puede hacerlo porque “no es competencia de las comunidades”.

“Es evidente que lo que ocurre en España, no solo en Galicia, si no en buena parte de los pueblos en los que habita poca gente, es que las entidades retiran oficinas y cajeros. No comparto esas decisiones, señaló Feijóo, antes de remarcar que, a su modo de ver, este tipo de cuestiones “deberían de tener un mínimo de regulación”.

El presidente de la Xunta asegura que “comprende” las dificultades el sistema bancario porque “las comisiones no son lo que eran y los tipos de interés están en el entorno de cero”, pero insiste en que, a su juicio, debería articularse alguna normativa para que en pueblos con menos habitantes “haya al menos un cajero para poder retirar dinero en metálico”.

En Galicia la Xunta pagará 700.000 euros al año para que 34 concellos cuenten con un cajero. La Xunta sacó una convocatoria de subvenciones para incentivar la instalación de estos puntos de retirada de efectivo en los municipios que se han quedado sin oficina bancaria. De los 45 concellos sin banco, se sumaron a la iniciativa 34, que aportarán el local para colocar el cajero. Un total de 48.000 ciudadanos se beneficiarán de esta medida.

Los alcaldes de los municipios de A Baña, Vimianzo y Zas anunciaron acciones y movilizaciones conjuntas para evitar el cierre de oficinas previsto por Abanca en diversos ayuntamientos del rural gallego y que afectan directamente a 10.000 vecinos. Los regidores solicitarán una reunión con el presidente de la Xunta para que “se ponga al frente de las reivindicaciones”, puesto que estos tres municipios consideran que es el único con capacidad para “hablar de tú a tú” con la entidad financiera. Asimismo, quieren reunirse con el presidente da Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), Alberto Varela, para intentar convocar una asamblea. También buscarán establecer contactos con algún ministro del Gobierno de España y diputados.

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Pontevedra acusó a la Xunta de “inacción” al permitir que concellos del rural se queden “sin un servicio indispensable para su vida cotidiana”. “Ahora se ampara en su manía de dar una patada para arriba y decir que hay que cambiar la legislación”, lamenta Carmela Silva, que añade que el “único responsable” es Feijóo por “imponer la privatización de las cajas de ahorro que fue un completo desastre como ahora se está demostrando”. “De aquellos polvos vienen ahora estos lodos”, apuntó.