La Xunta abre el proceso para multar a Naturgy e Iberdrola con 25.000 euros por cada uno de los vaciados de cuatro embalses el mes pasado, situando sus niveles por debajo del 15% en algún caso, lo que supone un castigo de 100.00 euros en total. El anuncio se produce un día después de que comunicase la apertura de otro expediente contra la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil (CHMS) por no informar a la administración autonómica de esos planes, a pesar de que al menos una de las compañías se los comunicó a la Consellería de Medio Ambiente hasta en dos ocasiones.
El vaciado de los embalses de Cenza, As Portas y Salas, en Ourense, y de Belesar en Lugo generó indignación en ecologistas y alcaldes. Coincidió con el inicio de la escalada del precio de la electricidad y situó sus capacidades en algún caso en el 13%. La CHMS abrió un expediente para determinar si existía algún incumplimiento, pues se trata del organismo competente en esa cuenca.
La Xunta arremetió contra la administración estatal y negó haber recibido comunicación sobre los planes de las compañías y disponer de competencias para castigarlas. Así lo aseguró el jueves el presidente autonómico, Alberto Núñez Feijóo, quien alertó incluso de que, si no llovía en otoño, se podía comprometer el suministro de agua a la población.
La Xunta arremetió contra la administración estatal y negó haber recibido comunicación sobre los planes de las compañías y disponer de competencias para castigarlas
Sin embargo, la publicación de dos correos electrónicos enviados por Iberdrola al servicio de conservación de la naturaleza de la Xunta en Ourense cambiaron el panorama. Según publicó eldiario.es, la compañía notificó el pasado día 10 de junio a las 9.51 horas –en relación al embalse de Cenza– y el día 12 de julio a las 14.55 –para el embalse de As Portas– sus planes de vaciado y que estos podrían suponer que quedasen por debajo del 20% de su caudal.
La Xunta sí dispone de competencias para frenar una decisión como esa. Se las otorga el reglamento de ordenación de la pesca fluvial, que obliga a las concesionarias de aprovechamientos hidroeléctricos a comunicar esas actuaciones “con una antelación mínima de un mes al órgano competente”, que sería la CHMS. Esta debería, luego, informar a la Xunta, algo que no sucedió, según asegura la Consellería de Medio Ambiente.
Medio Ambiente impone “la sanción máxima. De aplicar el reglamento de pesca de 1997 que utiliza la Xunta para justificar su capacidad de sanción, la multa sería de 300.000 euros por presa
Sin esa comunicación, no pudo “fijar las medidas preventivas oportunas” para proteger la población ictícola. En caso de incumplirse esas condiciones podría incluso prohibir el vaciado.
La ley gallega de pesca continental de este año considera una infracción muy grave penada con entre 3.00 y 25.000 euros “alterar de modo apreciable el nivel de las aguas o del caudal del río, cuando puedan derivar daños para las especies piscícolas, salvo que la actuación resulte conforme y cumpla las exigencias de la normativa en materia de aguas”. Medio Ambiente impone “la sanción máxima. De aplicar el reglamento de pesca de 1997 que utiliza la Xunta para justificar su capacidad de sanción, la multa sería de 300.000 euros por presa.
