Una trabajadora social y un auxiliar administrativo del Sergas, empleados en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, se enfrentan a las penas de 10 y 8 años de cárcel respectivamente, como supuestos autores de dos delitos de descubrimiento de secretos cometidos por funcionarios públicos al acceder a expedientes sanitarios sin permiso. Ambos serán juzgados el miércoles y el jueves.
