La Xunta ha calificado como imposibles de cumplir los criterios, obligaciones y plazos para los ayuntamientos gallegos que demanda el proyecto de ley básica estatal sobre residuos peligrosos y suelos contaminados. “Técnica y materialmente son inabordables”, sostiene la Consellería de Medio Ambiente.
En concreto, la ley obliga a los municipios a contar con un sistema de recogida selectiva de aquellos residuos domésticos considerados peligrosos antes del 31 de diciembre de 2024 con el objetivo de que “no contaminen otros flujos de competencia municipal”.
Condiciones
Así, el Gobierno autonómico asegura —en un comunicado— que ya ha advertido a la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) sobre las condiciones de este proyecto de ley del Estado a través de una carta de la directora xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático, Sagrario Pérez, remitida al presidente de la Fegamp, Alberto Varela.
En la misiva, la alto cargo de la Administración autonómica le expone también las propuestas presentadas por la Xunta durante el proceso de enmiendas parciales al documento.
A este respecto, la consellería plantea como alternativa que la comisión de coordinación en materia de residuos elabore un plan de acción basado en la aplicación de los regímenes de responsabilidad ampliada del productor, de forma que sean estos los que asuman los costes derivados de esta nueva obligación.
Por otro lado, el Gobierno gallego se ha mostrado también “preocupado” por la disposición que advierte de que, antes del 1 de enero de 2023, los ayuntamientos deben elaborar un censo público en el que figuren todos los emplazamientos e instalaciones con presencia de amianto, así como un calendario para su retirada.
De este modo, la Consellería considera que cumplir ambas condiciones dentro del período de tiempo establecido por la norma supondrá “dificultades”, tanto por los costes como por los “retos técnicos y materiales” y se dirige a la Fegamp para que “valore” estos argumentos.
