La pandemia ha provocado una crisis económica en la mayoría de las personas y empresas, pero también en las administraciones. Los concellos no fueron menos, ya que vieron como de repente sus gastos se disparaban (limpiezas en los colegios, ayudas de emergencia social, mascarillas, geles hidroalcohólicos…), mientras los ingresos bajaban. A pesar de ello, los ayuntamientos han conseguido sortear bien la crisis, al menos en el abono de las deudas que tienen con sus proveedores. A 30 de junio debían a sus proveedores 65,3 millones, frente a los 88 que tenían en facturas pendientes de pago el 31 de diciembre de 2019, antes de que comenzase la epidemia.
El Ministerio de Hacienda acaba de publicar el informe del Período Medio de Pago a Proveedores (PMPP) referido al pasado mes de junio y por tanto del primer semestre del año, y los ayuntamientos gallegos salen bien parados. No solo han reducido su deuda con los proveedores (muchos de los cuales son pequeñas y medianas empresas), sino que siete de cada diez cumplen con la ley de morosidad, que obliga a pagar las facturas en un plazo máximo de 30 días.
Las administraciones públicas, también las locales, están sujetas a férreos mecanismos de control para evitar un descontrol del gasto y que las facturas a sus proveedores se acaben apilando en los cajones durante un tiempo indeterminado. Una de las normativas ministeriales interviene en las contrataciones externas y fija en 30 días el límite para que los concellos satisfagan sus deudas con las empresas.
Hay una veintena de ayuntamientos gallegos que paga con la máxima celeridad las obras, suministros o servicios recibidos. Es decir, cerraron la primera mitad del año sin facturas en sus cajones o lo que es lo mismo con el importe de pagos a cero. Nueve de ellos pertenecen a la provincia de A Coruña; seis a la de Pontevedra; tres a la de Ourense y dos a la de Lugo.
Esta es la parte positiva de las estadísticas que acaba de publicar el Ministerio de Hacienda. La negativa es que casi una treintena de concellos abona las liquidaciones no a 90 días como suelen hacer muchas empresas, sino más de 100 días después de su entrada por registro. Aunque hay media docena (cinco de Ourense y uno de Pontevedra) con los que es mejor no hacer negocios porque tardan más de un año en pagar a sus proveedores. Es el caso de A Gudiña (651 días), Melón (569), A Bola (555), O Porriño (516), Nogueira de Ramuín (432) y Maceda (400).
El montante que los ayuntamientos gallegos deben a sus proveedores también es un elemento a tener en cuenta. Hay 17 que tienen compromisos insatisfechos por más de un millón de euros: ocho son de la provincia de Pontevedra; cinco, de la de A Coruña, y cuatro, de la Lugo. Entre los 17 suman 30,5 millones en facturas pendientes de abono, casi la mitad de la cifra total de todos los concellos que ascendía hasta el pasado 30 de junio a 65,3 millones. Los tres que más deben son O Porriño (6,5 millones), Ferrol (2,7) y Sarria (1,9). El periodo medio de pago del conjunto de ayuntamientos de España es de 60 días, mientras que el de los gallegos cae hasta los 48.
La Xunta ofrece sus técnicos para reducir los tramites urbanísticos
La Xunta ofrece sus técnicos a los ayuntamientos para tratar de “reducir a la mitad” los plazos de tramitación de las licencias municipales en materia urbanística, ya que el tiempo medio se sitúa en 177 días —seis meses—, cuando la legislación de suelo establece un máximo de tres meses. Esta decisión parte de una consulta realizada por la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda a los 313 municipios gallegos para conocer el tiempo que emplean y las principales causas de estas demoras.
