El envejecimiento de la población es uno de los criterios que la Xunta quiere que se tenga en cuenta para garantizar los servicios públicos a la hora de negociar el nuevo modelo de financiación autonómica. En un bando de esa negociación están las comunidades más pobladas que reclaman un reparto en el que prime el número de habitantes, sin tener en cuenta otros criterios, y en el otro bando se encuentran las autonomías con una población más envejecida y dispersa que solicitan que se les compense el mayor coste que deben pagan para sufragar los servicios públicos. Estos quieren presentar un frente común cuando arranque la negociación y ya están preparando una reunión de presidentes autonómicos, que se celebrará este otoño en Santiago, y a la que ya han confirmado su asistencia Asturias (PSOE), Castilla y León (PP), Castilla La Mancha (PSOE), La Rioja (PSOE) y Cantabria (PCR), además de la anfitriona Galicia (PP).
Un indicador alternativo para medir el envejecimiento gradual de la población es la tasa de dependencia, que es el número de personas mayores de 65 años o más en comparación con el número de personas en edad de trabajar (definidas como las de 20 a 64 años).
La tasa de dependencia de la UE era del 25,9% en 2001. Es decir, había cuatro adultos en edad de trabajar por cada persona de 65 años o más. Ahora, el porcentaje ha aumentado al 34,8%. Pero lo peor está por venir: la previsión de la oficina estadística comunitaria, Eurostat, es que la cifra alcance el 56,7% a nivel europeo en 2050, cuando habrá menos de dos adultos en edad de trabajar por cada anciano.
Y en este apartado, las cuatro provincias gallegas salen mal paradas. De las 1.169 regiones de nivel provincial que hay en la Unión Europea, 75 tenían el 1 de enero de 2020 una tasa de dependencia de las personas mayores de al menos el 50%. Es decir, son territorios donde hay menos de dos adultos en edad de trabajar por cada persona de 65 años o más. De esas 75, dos son gallegas: la provincia de Ourense y la de Lugo. La primera tiene una tasa de dependencia del 56,9% y ocupa el decimosegundo puesto de las 1.169 y el primero a nivel nacional. En la segunda es del 50,9%. En A Coruña alcanza el 42,1% y en Pontevedra, el 38,1%.
Según Eurostat, “estas 75 regiones se caracterizaron predominantemente como rurales, montañosas o relativamente remotas, donde es probable que los jóvenes hayan abandonado la región en la que crecieron para poder continuar sus estudios o buscar trabajos alternativos y quizás más variados”.
La región montañosa de Evrytania, en el centro de Grecia, tenía la tasa de dependencia de las personas mayores más alta a principios del pasado año, con un 78,3%. Le siguió la región noroccidental belga de Arr. Veurne (64,6%) y la región alemana de Suhl, Kreisfreie Stadt (61,3%).
Pero la previsión que Eurostat realiza para dentro de 30 años es aún mucho peor, ya que estima que la proporción de trabajadores por jubilado se reducirá drásticamente en 2050, hasta situarse en una media del 56,7% a nivel europeo, lo que supone menos de dos adultos en edad laboral por cada pensionista.
España, Portugal, Italia y gran parte del sur y este de Europa se llevarán la peor parte de ese envejecimiento poblacional. La oficina estadística europea vaticina que en cuatro de las 1.169 eurorregiones de nivel provincial que componen la UE habrá más jubilados que ocupados en 2050, y entre ellas hay dos provincias españolas, Zamora, que será la zona de la UE con mayor tasa de dependencia con un 111,3%, más del doble que en 2020, y León, que se situará en cuarto lugar con 100,8 pensionistas por cada cotizante a la Seguridad Social. Hay otras dos provincias españolas que también se situarán cerca del 100%: Lugo (92,1%) y Ourense (92%). Las otras dos gallegas tampoco mejoran las cifras, ya que alcanzarán el 84,8% en el caso de Pontevedra, y el 81,9%, en el de A Coruña.
En 30 años, la tasa de dependencia casi de duplicará en Galicia al pasar del 47% de 2020 al 87,7% (87 jubilados por cada 100 trabajadores) de 2050.
Galicia recibirá 3.150 millones de fondos de cohesión hasta 2027, un 8% más, y 111 millones por el cierre de las térmicas
Galicia recibirá 3.150 millones de euros de fondos de cohesión para el periodo 2021-2027, a lo que se suman 111 millones para una transición justa por el cierre de centrales térmicas. Estos 3.150 millones —que se corresponden con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y el Fondo Social Europeo Plus (FSE+)— suponen un incremento del 8,1% respecto al anterior marco financiero. De este modo, Galicia es la segunda comunidad que más fondos percibe, solo por detrás de Andalucía (12.170 millones), en un cómputo global de 34.693 millones de fondos de cohesión para las comunidades (+13,2%), según los datos del Ministerio de Hacienda. A través del Feder se financian actuaciones dirigidas a reducir las disparidades entre los niveles de desarrollo de las distintas regiones de la UE y a reducir el retraso de las zonas menos favorecidas. El FSE+ persigue el objetivo de apoyar a los Estados y regiones para alcanzar elevados niveles de empleo, una protección social justa y una mano de obra capacitada y resiliente. La ejecución de estos fondos se gestionará, bien directamente por la Xunta o bien por la Administración General del Estado, a través de programas plurirregionales. Por otra parte, el Gobierno también reparte 868,7 millones del nuevo Fondo de Transición Justa que beneficia a ocho provincias: A Coruña, Asturias, León, Palencia, Teruel, Almería, Córdoba y Cádiz. De este modo, la provincia de A Coruña recibirá 111 millones para inversiones y ayudas en las áreas afectadas por el cierre de las centrales térmicas de As Pontes y Meirama.
