El Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo ha concluido la investigación de la pieza principal de la operación Pokemon, que consta de unos 170.000 folios, y ordena que la causa se siga contra 13 sospechosos, entre ellos el expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil Francisco Fernández Liñares, que ha sido hasta la fecha el primer condenado en la trama, el pasado mes de marzo.
Según informó ayer el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), el magistrado entiende que hay “indicios de delito” en la concesión del servicio de la grúa por parte del Ayuntamiento de Lugo a la empresa asturiana Cechalva, en 2005, así como de la existencia de una caja b en la compañía para realizar la comisión pactada por haber conseguido la adjudicación del servicio (unos 110.000 euros, a razón de 2.000 al mes entre los años 2006 y 2010).
El instructor ha ordenado que la causa se siga contra 13 personas, entre ellas el expresidente de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil y exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Lugo en el momento de la concesión del servicio de la grúa, por si los hechos que se le imputan fuesen constitutivos, entre otros, de delitos de cohecho, violación de secretos, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos, falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.
Entre los otros doce investigados se incluye su mujer y el cuñado de Liñares, así como varios empresarios. Respecto al resto de investigados, quedan fuera de la causa.
El propio juez señala la extensión “fuera de lo común” de este procedimiento de “gran complejidad”, con un caso que se aproxima a los 170.000 folios y con multiplicidad de hechos acumulados en los más de 10 años que van desde que lo pusiera en marcha la jueza Pilar de Lara. Una duración que también ve “fuera de lo común”.
Básicamente, Liñares dio información a Cechalva para favorecerla en el concurso de la grúa y a cambio, una vez adjudicado el contrato, recibía una comisión mensual, lo que obligó a la empresa a tener una doble contabilidad para ocultar los pagos del control tributario.
Comisión de 2.000 euros
El auto sostiene que hay indicios de que los socios de la compañía “se comprometieron a abonar en efectivo la cantidad de 2.000 euros mensuales para pagar a las autoridades del Ayuntamiento de Lugo como gratificación por la adjudicación del servicio de grúa”.
Si bien el juez afirma que J.M.R. les hizo creer que ese dinero iría destinado al alcalde, en realidad, “se entregaba en efectivo a J.M.R., que era el encargado, a su vez, de dárselo en mano al teniente de alcalde, hasta 2009, y, desde 2009, presidente de la CHMS”. Precisamente, en septiembre de 2018, la Audiencia Provincial acordó el “sobreseimiento” de la pieza de la grúa contra el exalcalde de la ciudad, José López Orozco.
En total, pagaron de la Caja b de la empresa, según indica el juez, 2.000 euros al mes durante los años 2006, 2007, 2008, 2009 y los primeros siete meses de 2010, lo que supone un total de 110.000 euros. Además, el instructor indica que los investigados crearon dos contabilidades con el objetivo de disponer de dinero en efectivo con el que hacer frente a esos pagos.
El objetivo, indica, era “generar cantidades de dinero que quedaran al margen del ciclo tributario, mediante la creación de facturas ficticias o la contabilización indebida de otras facturas” y lograr obtener beneficios fiscales.
El juez considera, en este caso, los hechos podrían ser constitutivos de un delito continuado de cohecho, en el que habrían participado F.F.L., J.M.R., M.S.G., J.L.A., J.P.C. y D.A. Además, aprecia un posible delito contable continuado, en el que tendría participación Cechalva, los socios de la empresa y otros dos investigados; y un delito continuado de falsedad en documento mercantil, cometido por todos ellos y en el que habrían colaborado otras dos personas investigadas.
El juez también entiende que todos los investigados podrían haber incurrido en un delito de estafa por constituir facturas falsas que motivaron que el Ayuntamiento tuviese que pagar a la adjudicataria de la grúa cantidades superiores a las que le corresponderían.
Facturación falsa
Por otra parte, el auto señala que uno de los socios de la empresa Cechalva, M.S.G, “llevó a cabo comportamientos contables muy similares a los de la concesionaria” a través de una constructora. Por ello, el juez considera que pudo haber incurrido en un delito contable y en otro de falsedad en documento mercantil.
