PP y PSdeG pactan crear 2.000 plazas en residencias públicas de mayores en tres años

La cita comenzó el miércoles con un duro encontronazo entre el presidente de la Xunta y del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la oposición de BNG y PSdeG. El líder socialista, Gonzalo Caballero, acudía además en medio de las primarias internas de su partido y con la misión de frenar el ataque de Feijóo al Gobierno central. En su campaña interna, incluso acusó a su rival, Valentín González Formoso, de ir “del ganchete” con Feijóo y de auspiciar un proyecto de tintes conservadores. A pesar de ello, la jornada de ayer deparó siete acuerdos entre populares y socialistas.

Entre ellos, se situó la propuesta socialista que reclama a la Xunta la creación de las citadas 2.000 plazas públicas en residencias de mayores. El PP aceptó incluyendo el plazo de tres años.

Así, serán aprobadas hoy 49 propuestas de resolución, que son encomiendas al Ejecutivo por parte del Legislativo. La mayoría absoluta del PP las convierte en la asunción de un compromiso. Son ocho menos que en el último debate de este tipo, celebrado en 2019.

Recibirán luz verde las 40 del PP —el límite que cada grupo puede presentar— y nueve acordados con los socialistas. El Bloque, segundo partido del Parlamento con 19 escaños, no logrará sacar adelante ninguna de sus iniciativas, y solo apoyará una del PP. Aun así, dispondrá de la posibilidad de mostrar ese hecho como muestra de que representan la alternativa a Feijóo, con Ana Pontón como némesis del titular del Ejecutivo autonómico.

Por contra, los socialistas podrán sacar pecho con el compromiso sacado para que la Xunta cree en tres años 2.000 nuevas plazas en las residencias públicas de mayores.

Ese juego de alianzas también sirvió para que PP y PSdeG se unan hoy en torno al rechazo al independentismo, a pesar de que resulta imprescindible como apoyo para el Gobierno central del socialista Pedro Sánchez, y reivindiquen el autogobierno gallego en el marco constitucional.

Ese posicionamiento se produce en el cuadragésimo aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía y marca también distancias entre los partidos autoproclamados “constitucionalistas” y un BNG que ya dejó clara su aspiración a lograr un nuevo encaje para Galicia en la Carta Magna, con estatus de nación, para no perder el tren de la posible negociación de la situación catalana.

El Bloque solo llegó a un acuerdo para transaccionar una propuesta con el PP que reclamaba al Gobierno central cumplir los plazos previstos no solo para la puesta en funcionamiento de la alta velocidad a Madrid —se anunció recientemente que será en diciembre—, sino que se haga con los trenes más modernos, modelo Avril, que solo funcionarán en verano y que supondrán una reducción de 20 minutos en la duración de los trayectos. También se exige la modernización de las líneas ferroviarias del interior de la comunidad.

Los populares convierten el debate en un ariete contra el Gobierno central

La mitad de sus propuestas son peticiones a Sánchez

Medidas para rebajar el precio de la luz, conceder voz a las comunidades para gestionar los fondos de recuperación de la Unión Europea, nuevas competencias como la gestión del Ingreso Mínimo Vital y la transferencia de la AP-9, anular la tasa de reposición, ceder la gestión del Pazo de Meirás, garantizar una transición ecológica “justa”, fondos para pagar la gratuidad de las guarderías a partir del próximo curso ya prometida por la Xunta... Estas son algunas de las peticiones que el PP plantea al Gobierno central en sus propuestas de un Debate sobre el Estado de la Autonomía que ha convertido en un ariete contra el Ejecutivo presidido por Pedro Sánchez. La mitad de sus iniciativas se refieren a Moncloa, un porcentaje inédito hasta ahora.

El debate de política general vivió el miércoles su primera sesión con el combate entre el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y los líderes de la oposición. El esquema de la cita establece que hoy se celebre la última sesión para aprobar las llamadas “propuestas de resolución”, que son apelaciones al Ejecutivo autonómico para que tome determinadas medidas. El PP cuenta con mayoría absoluta, así que tiene asegurada la aprobación de sus iniciativas. En 2017, cuando gobernaba su jefe de filas a nivel estatal, Mariano Rajoy, solo tres de ellas se referían a exigencias a Moncloa. Tras la reducción del máximo de propuestas de cada grupo a 40, los populares presentaron ayer una relación de enunciados en los que 20 abordan peticiones a Moncloa.

La estrategia responde al marco discursivo del aldraxe planteado por Feijóo en un discurso del miércoles, en el que contrapuso la “estabilidad” de su Gobierno, poniéndose como ejemplo de político “moderado”, frente al “sectarismo” del Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

Este tipo de sesiones sirve para dos cuestiones. La primera, para fijar las líneas de actuación de la Xunta en el próximo año tras radiografiar la coyuntura, marcada este año por el COVID y el inicio de la “luz al final del túnel” tras más de año y medio de pandemia. En segundo, para medir el grado de consenso de los partidos.

PP, BNG y PSdeG aprovecharon las propuestas de resolución para plasmar las medidas esbozadas el miércoles. En el caso socialista, sus documentos no contienen ninguna apelación al Gobierno central, en contraste con 2017. Entonces, Moncloa se encontraba bajo los designios de Rajoy. Pedía a la Xunta que reclamase la cesión de la AP-9, que bajase al precio de la energía, que modificase el sistema de financiación autonómica o que cumpliese con el 50% de financiación en dependencia. Este año, solo exigen a la Xunta elevar el gasto en esta cuestión. El BNG, socio del Gobierno central en la investidura y la aprobación de los presupuestos de este año, sí incluye seis peticiones a Moncloa, referidas a la intervención del mercado eléctrico, la eliminación de la tasa de reposición o la derogación de la reforma laboral del PP.