Pagar por utilizar las autovías españolas está cada vez más cerca. La secretaria de Estado de Infraestructuras, Movilidad y Agenda Urbana, Isabel Pardo de Vera, apeló ayer desde Pontevedra a “no aplazar más” la aprobación de esta tasa de uso en las autovías españolas. Empresarios, transportistas y usuarios gallegos ya han alzado la voz contra esta iniciativa. “Galicia saldrá penalizada”, advirtieron en mayo de este año, la primera vez que se supo de las intenciones del Ejecutivo de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Alegan que supondrá un pago duplicado, pues ya se destinan fondos e impuestos al mantenimiento de las vías, y que penalizará a las comunidades periféricas como la gallega, al encarecer la salida de sus productos al mercado estatal y, sobre todo, al europeo.

“Será un agravio de competitividad a favor de las empresas que están en Madrid, por ejemplo, y no tienen que hacer 500 kilómetros para llegar al mercado central”, explicaban entonces los empresarios.

Los transportistas advertían de que ellos trasladarán “el coste al cliente y este, al consumidor. Eso hará que algunos productos no sean competitivos. La leche o el agua de Galicia, por ejemplo, supondrán más coste de logística que de producción”.

Pardo de Vera participó ayer en la inauguración del Simposio Nacional de Vías y Obras de la Administración Local, que acoge la Diputación de Pontevedra, y en este foro explicó que este nuevo peaje es “un imperativo” de la Unión Europa, que el Gobierno de Pedro Sánchez ya asumió como compromiso, junto a otras reformas, para recibir los 140.000 millones de fondos comunitarios tras la pandemia sanitaria. La alto cargo defendió que este modelo de “pago por uso” ofrecerá una solución al “creciente déficit” en materia de conservación de carreteras.

Los 1.400 millones de euros que los presupuestos generales destinarán en 2022 a mantener infraestructuras son “insuficientes”, expuso la secretaria de Estado, que remarcó que España debe dar un “paso más” en los cambios normativos “que demanda Bruselas”.

No aprobar esta tasa “detrae recursos” para el mantenimiento de carreteras “en detrimento” del dinero que se destina a sanidad, educación o justicia o, por el contrario, obliga a recaudarlo mediante peajes “desequilibrados, generando profundas brechas de oportunidad”, argumentó Isabel Pardo de Vera. Citó expresamente la AP-9, que “sigue bajo concesión por decisiones que nos han dejado rehenes de su gestión”.

También apuntó que el modelo impuesto en Europa “es un 60% de tasa de uso y un 40% de peajes” y preguntó si “alguien puede entender” que los camioneros españoles “paguen por usar las carreteras de toda Europa” y los extranjeros “usen gratis” las nuestras.

“Se ha alargado demasiado la toma de decisiones”, afirmó Pardo de Vera, que remarcó el “gran esfuerzo” realizado por el Gobierno para “minimizar” los “enormes desequilibrios territoriales” en materia de movilidad. Así, expuso que entre los años 2018 y 2026 se han liberado o se liberarán 1.244 kilómetros de la red nacional de autopistas y se han aprobado descuentos “históricos” en aquellas que siguen con concesión, como la Autopista del Atlántico.

“O afrontamos un cambio o seguiremos cautivos de un sistema tan injusto como lucrativo para algunos”, sentenció la secretaria de Estado de Infraestructuras.

¿Y cómo sería el pago de ese peaje? La semana pasada trascendía que el Ministerio de Transportes barajaba un sistema de viñetas en diferentes modalidades, de modo que resulte progresivo. Además, se incluirían rebajas o bonificaciones para ciertos colectivos o usuarios habituales de ciertos tramos específicos.

La viñeta que se aplica en algunos países europeos consiste en una pegatina similar a la de la ITV y que deben exhibir los vehículos que deseen acceder a una autopista. Se aplica principalmente a vehículos con un peso inferior a 3.500 kilos, considerando también las autocaravanas, mientras que los vehículos de un peso mayor suelen pagar mediante un sistema basado en la distancia recorrida. No existe ninguna limitación para acceder a la autopista sin la viñeta, pero las multas para quienes lo hagan y sean detectados por Tráfico son elevadas. Se trata de un sistema que, a la larga, beneficia a los conductores que realizan muchos kilómetros, ya que abonan una suerte de tarifa plana para circular.

En Suiza, por ejemplo, todos los coches de hasta 3.500 kilogramos que circulen por autovías, autopistas y túneles abonan una viñeta que solo tiene una modalidad: un año de duración y un precio de 38,50 euros.

En Austria la viñeta es obligatoria para circular por todas las autopistas. El coste está entre los 8,80 euros (para diez días) y los 25,70 euros (dos meses). Mientras, en Bulgaria, el coste de la viñeta depende del peso del vehículo y va desde los 5 a los 31 euros por una semana, a los 13 y 88 euros por un mes.

En España, la red estatal de carreteras suma unos 26.500 kilómetros de los que 12.000 corresponden a vías de alta capacidad.