Entre colinas de legajos vivía Bartleby, el escribiente. Y en aquel personaje de Herman Melville se sienten reflejados algunos funcionarios. En los juzgados gallegos se acumulan todavía toneladas de papel, mientras no se completa el proceso de expurgo —digitalización de expedientes—. Muchos de esos documentos rozan el siglo de antigüedad. La Xunta inició el proceso hace siete años, con el doble objetivo de conservar este patrimonio y ganar espacio. Pero según denuncian los sindicatos, las cajas se acumulan no solamente en los archivos sino también en las propias oficinas judiciales. Los funcionarios realizan su trabajo rodeados por estanterías repletas de carpetas, de más de dos metros de altura. Según Alternativas na Xustiza, “llevamos años denunciando esta pésima situación de los archivos, que perjudica a trabajadores y ciudadanos”.
La Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo recalca que en la primera fase del plan, entre 2014 y 2020, ya se han tratado mas de 2,6 millones de expedientes. “En los últimos años, el programa desembocó en la transferencia a la Xunta de Expurgación Xudicial de más de un millón de expedientes”, indican desde el Gobierno autonómico. Equivalen a 10 kilómetros lineales de documentación, de 55 archivos de los 45 partidos judiciales. Y en 2022 se ejecutará la catalogación y digitalización de más de 1,5 millones de expedientes judiciales: puestos en línea ocuparían más de 20 kilómetros.
Humedades y sótanos llenos
De todos modos, los funcionarios advierten sobre la falta de espacio sobre todo en Lugo, Ferrol, Marín y Vigo. En esta última ciudad, incluso los archivos guardan desde hace años una bicicleta entre las piezas de convicción —objetos relacionados con un delito investigado—. Pablo Valeiras, funcionario judicial en Vigo y responsable de Alternativas, explica que “hasta se queda corto que hablemos de toneladas de papeles, hay mucho más: hasta hace poco cada juzgado de instrucción llevaba 6.000 procedimientos por año”.
Lamenta además la falta de personal para este expurgo. “En los edificios judiciales más importantes tenemos solamente un archivero, necesitaríamos tres o cuatro para el expurgo y no que los otros funcionarios lo hagan de forma voluntaria”, indica Valeiras. Y añade que “el proceso de digitalización como tal, el famoso lema del papel cero, no existe... y la mayoría de los juzgados tienen que hacerlo por su cuenta”. En un repaso por las ciudades, Alternativas na Xustiza enumera las humedades de archivos en Lugo o la saturación de los sótanos en Ferrol.
En el caso de Lugo, se tuvo que instalar un deshumificador en la sala del archivo y hay zonas del suelo con agua: “Esa humedad afecta al estado de los procedimientos archivados, que además deben ser manipulados por los empleados”. En algún juzgado de Ferrol creados en 1995 “aún no se ha retirado un solo expediente”. Hay documentos desde 1930, “y el sótano está lleno con material hasta el año 2013”. De este modo, las propias oficinas judiciales funcionan como archivos improvisados: “Con columnas de carpetas que rodean a los funcionarios y con el peligro que conlleva”.
Alternativas urge así a la contratación de una nave industrial por provincia, sobre todo para trasladar los procedimientos recientes y las piezas de convicción. La propia Xunta admite que durante la primera fase del expurgo se encontraron “archivos en muy mal estado, saturados o no organizados”. Y se llegaron a eliminar durante los últimos siete años 100 toneladas de piezas de convicción.
En Vigo, además de la citada bicicleta desde hace años, se acumulan cajas en pasillos, estanterías, armarios o el mismo suelo. “Constituyen un obstáculo en caso de evacuación de emergencia del edificio, y en caso de incendio el almacenamiento de papel supondría que las vías de circulación serían en sí mismas un foco para el fuego”, apunta Valeiras. En su consideración, “todo lo anterior incumple el Real Decreto 486/1997 que establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en lugares de trabajo”.
La segunda parte del Plan de Expurgo, que cuenta con un millón de euros entre el expurgo propiamente dicho y la digitalización judicial, consistirá en la catalogación online de los fondos depositados en archivos judiciales: como paso previo a la decisión de su conservación o destrucción. También se organizarán los depósitos con una aplicación informática y se mejorará la ordenación. La primera fase actuó sobre todo en los archivos territoriales de A Coruña, Ourense y Vigo, y en una pequeña parte de Lugo.
Mientras tanto, y a la espera de que culmine ese proceso, los funcionarios gallegos aguardan que “el lema de papel cero deje de ser un fantasma”.
