El sueño americano para los jóvenes gallegos pasa por algo tan sencillo como un salario digno para marcharse de casa. Pero solamente uno de cada cinco ha logrado actualmente la emancipación. Según datos que maneja la Unión Europea, los menores de 30 años de nuestra comunidad se encuentran a la cola en independencia económica —en un ránking de 46 territorios de los 27 países miembros—. A ellos se dirige el llamado bono joven incluido en la futura Ley de Vivienda, cuyo anteproyecto fue aprobado este martes en el Consejo de Ministros. Los Presupuestos Generales del Estado ya incluyen una partida de 12 millones de euros para estas ayudas al alquiler en Galicia. Y los beneficiarios ascenderían durante dos años a por lo menos 2.000 gallegos de menos de 36 años. De todos modos, quedarían cubiertos menos del 20% de los posibles receptores.
A falta de que se conozca la letra pequeña de la futura ley, los requisitos de este bono joven pasan por que el demandante tenga entre 18 y 35 años —ambos incluidos—. Debe encontrarse trabajando y sus ingresos no superarán los 23.752 euros anuales —o que en 2019 ganase menos de dos veces el salario mínimo interprofesional—. Los que reciban estas ayudas contarán con 250 euros mensuales durante dos años. Serían al menos 2.000 en Galicia si cada solicitante recibe las ayudas durante el plazo máximo, aunque la cifra de bonificados podría duplicarse en caso de que el tiempo de disfrute sea de un año —según los cálculos gubernamentales—.
Las cantidades aportadas por el Gobierno, y que se harían efectivas al final del mandato, abonarían el 50% del precio del alquiler medio en nuestra comunidad —que ronda los 500 euros salvo en las ciudades—. Según los datos del Instituto Galego de Estatística, 30.500 jóvenes de las cuatro provincias de 20 a 24 años se encuentran asalariados y reciben una media de 11.382 euros brutos al año. Pero gran parte de ellos se encuentran por debajo del salario mínimo.
A nivel de España, el Gobierno destinará un total de 200 millones de euros para este colectivo. Y ya los datos del INE alertan que quedarán cubiertos menos del 19% de los posibles beneficiarios. Se prevén ayudas para un máximo de 70.000 personas, y sólo quedaría amparado un 18,6% del colectivo que cumple los requisitos de edad, ingresos y situación laboral.
De todas maneras, el Gobierno central amplía su apuesta económica. En un principio, se planeaban ayudas al alquiler para un máximo de 50.000 jóvenes en todo el país, lo que cubriría al 13,3% del total. Y al final, se pone el tope en 70.000. Los números del Instituto Nacional de Estadística apuntan que los jóvenes españoles que cumplen los requisitos se multiplican por cinco.
Inmobiliarias denuncian inseguridad jurídica
Para la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias , este anteproyecto “únicamente crea inseguridad jurídica, incertidumbre y preocupación. Más allá de las ayudas al alquiler, el presidente de FEGEIN se refiere a otros aspectos del anteproyecto de la Ley de Vivienda. “Es una intervención de facto del libre mercado de la vivienda en nuestro país”, indica Benito Iglesias. Y enumera que para poder aplicar el recargo de hasta el 150% de IBI a viviendas vacías se necesitaría una modificación de las legislaciones estatal y autonómica del suelo.
Añade Iglesias que ese recargo “crearía un enorme problema en una comunidad autónoma como la nuestra con más de 330.000 viviendas vacías”.
En cuanto al parque de viviendas sociales, la FEGEIN reconoce que “urge” esa necesidad como en el resto de Europa, “pero con la colaboración pública y privada, y dejando que la vivienda libre se regule por sí misma y sin intervencionismos... no es un mercado persa, aunque así se lo parezca a Pedro Sánchez y Yolanda Díaz”.
Recargos IBI en casas vacías
Entre las claves de este anteproyecto, figura la aplicación de un mayor recargo del IBI a las viviendas vacías. En concreto, los ayuntamientos podrán aplicar un recargo del 50% en la cuita líquida de este impuesto a los inmuebles de uso residencial que permanezcan desocupados sin justificación más de dos años. Subirá al 100 % si está vacío más de tres años, y hasta el 150 % si el propietario tiene varios inmuebles desocupados en el mismo término municipal.
Precios para los grandes dueños
Se regulará el precio del alquiler para los grandes tenedores: aquellos con más de 10 viviendas, que deberán bajar por ley los alquileres en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas de mercado tensionadas. Además, a las personas físicas propietarias de viviendas en alquiler en estas zonas se las obligará a congelar el precio.
Concepto de zona tensionada
Las comunidades autónomas podrán declarar un ámbito territorial como zona de mercado residencial tensionado por un periodo de tres años. Eso significa que en esa área se constata que la renta de alquiler supera el 30 % de los ingresos medios por hogar, y que en los últimos cinco años ha subido cinco puntos por encima del IPC de esa comunidad. En este aspecto, el presidente de la Federación Gallega de Empresas Inmobiliarias se pregunta “qué parámetros y mecanismos se utilizarán para declarar una zona tensionada en el mercado de alquiler, y qué soporte legal tendrán los índices de referencia de precios”. Según Benito Iglesias, “esta próxima ley es recurrible por su posible inconstitucionalidad”.
