El número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 62,9% en agosto en Galicia en relación con el mismo mes de 2020, casi como la media, hasta las 1.303 operaciones, según los datos que publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estos préstamos se concedieron por valor de 135,05 millones de euros, lo que supone un incremento del 50,2% respecto a agosto de 2020. En la comparativa mensual, agosto sobre julio, las hipotecas crecieron un 1,4% pero el importe cayó un 8%.

Sobre el total de fincas, la comunidad gallega registró 1.758 hipotecas en agosto, por 182,74 millones. De ellas, 34 se correspondían con fincas rústicas (por 3,74 millones) y las restantes 1.724, con urbanas (por casi 179 millones).

Los préstamos correspondientes con fincas urbanas se distribuyeron entre los 1.303 en viviendas, cinco en solares (por 1,6 millones) y 416 en otras urbanas (por 42,34 millones).

En el conjunto estatal, el número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 66,9% en agosto respecto al mismo mes de 2020, su mayor alza desde el inicio de la serie, en 2003, hasta sumar un total de 33.105 préstamos. Con el avance de agosto, más de 30 puntos superior al de julio, la firma de hipotecas sobre viviendas encadena seis meses de ascensos interanuales consecutivos.

Según Estadística, el importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó un 1,9% en agosto, hasta los 137.885 euros, mientras que el capital prestado creció un 70,1%, hasta los 4.564,6 millones de euros.

Por su parte, los contribuyentes de un municipio solo tendrán derecho a las bonificaciones en el IRPF previstas en la Ley por el Derecho a la Vivienda si su comunidad autónoma lo declara zona de mercado residencial tensionado con el procedimiento y requisitos que marca la ley, según el anteproyecto aprobado por el Consejo de Ministros.

En caso contrario, aunque un ayuntamiento quiera la declaración de zona tensionada y cumpla los requisitos, los incentivos fiscales y contractuales no serán de aplicación para sus ciudadanos, confirmaron fuentes del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

“La comunidad autónoma no está obligada a declarar zona tensionada, es algo que se faculta a hacer, pero si la comunidad autónoma no lo activa no se declara el área tensionada”, señalan desde el ministerio.

Para incentivar a los pequeños propietarios en las llamadas zonas tensionadas, el texto establece una bonificación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) del 90% del rendimiento neto si estos rebajan un 5% el precio de sus alquileres respecto a la última renta del anterior contrato.

Por el momento, las cinco comunidades autónomas con gobiernos del PP (Galicia, Andalucía, Madrid, Castilla y León y Murcia) han anunciado que no aplicarán la ley estatal.