El conselleiro de Medio Rural, José González, acudió ayer al Parlamento a detallar los presupuestos de su departamento para 2022, que con casi 630 millones de euros es el cuarto con más gasto tras Sanidade, Educación y Política Social. En el debate con la oposición, ofreció al BNG pactar en materia de Política Agraria Común (PAC) y sobre una eficiente política de precios justos para el sector primario, demandas que el diputado del Bloque en el Congreso, Néstor Rego, se encargaría de defender en la negociación con el Gobierno central de los presupuestos generales del Estado.
En su intervención, José González destacó lo 44,3 millones de euros para aplicar la ley de recuperación de tierras agrarias, el avance de las estrategias sectoriales del lácteo, del vino y de la carne y la consolidación de un monte gallego multifuncional, como premisa para la prevención frente a los incendios.
Habrá 12,7 millones para forestación, 10,5 millones de euros para silvicultura y buena gobernanza, 5,69 millones para gestión de la biomasa cerca de las casas, cinco millones de euros para el plan de pastos y una nueva línea de 4,5 millones de euros para plantar castaños y recuperar castañares.
El conselleiro le propuso (“en serio”, dijo) al diputado nacionalista Xosé Luís Rivas acordar un “texto” sobre la necesidad de garantizar los precios y “hablar” con el diputado del BNG en Madrid para que lo traslade en la negociación en los presupuestos generales.
Sobre la cadena alimentaria sostuvo que hay que garantizar que la venta cubra el coste de producción y el margen de beneficios, para lo que hay que “calcular bien los costes”.
José González también tuvo una mención específica para las negociaciones de la futura Política Agrícola Común (PAC), el segundo de los acuerdos que ofreció al BNG. Aludió a la necesidad de hacer valer la postura común de la cornisa cantábrica ante el Gobierno central para que tenga en cuenta los intereses de los agricultores y ganaderos, frente a una reserva económica muy centrada, denunció, en el regadío.
En este sentido, el diputado del BNG lamentó que hayan “descubierto” ahora que es perjudicial para Galicia el pago por hectárea y no por actividad productiva en la PAC. “Llevamos años diciendo que no, que se pague por actividad, ahora cayeron del caballo”, replicó.
Mientras, el diputado del PSdeG Martín Seco cuestionó la falta de “compromiso presupuestario” que, a su juicio, hay en el proyecto de ley para afianzar el medio rural, y ha asegurado que “uno de cada tres ayuntamientos caminan a la desaparición” en un rural con núcleos abandonados, sin oficinas bancarias ni médicos ni colegio.
Por otra parte, los presupuestos de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade para 2022 reflejan una subida del 1,4% respecto a las del presente ejercicio al ascender hasta los 536,29 millones de euros, al tiempo que gestionará otros 102,6 millones del departamento de Sanidade para al desarrollo de actuaciones vinculadas a infraestructuras sanitarias en hospitales y centros de salud.
La conselleira del ramo, Ethel Vázquez, fue la encargada de abrir la ronda de los titulares de consellerías para desgranar las cuentas de sus departamentos de cara al próximo año, por la que también pasaron José González, y la titular de Emprego e Igualdade, María Jesús Lorenzana.
Ethel Vázquez dedicó buena parte de su intervención a analizar las partidas incluidas en el presupuesto de la Consellería de Sanidade pero que ejecutará su departamento al tratarse de actuaciones en materia de infraestructuras sanitarias.
Entre las distintas partidas destacan los 35,6 millones de euros consignados en 2022 para la ampliación del hospital Gran Montecelo de Pontevedra, una obra que la Xunta espera culminar entre finales de 2023 y principios de 2024.
