Los 400.000 afectados en Galicia por el llamado “cártel” de la automoción podrán reclamar una media de 2.500 euros en cada caso. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se propone ejercitar una acción colectiva de resarcimiento de daños en defensa de los perjudicados. Entre febrero de 2006 y agosto de 2013, un total de 21 fabricantes y 130 concesionarios cometieron infracciones restrictivas de la competencia —sancionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia—.
Este sistema perjudicó al 90% del mercado de distribución y comercialización de vehículos en toda España. Según calcula la OCU, los afectados podrán reclamar entre el 10% y el 15% del valor del vehículo.
En toda España, serían 10 millones de clientes perjudicados. El listado de marcas era el siguiente: Alfa Romeo, Audi, BMW, Chevrolet, Chrysler, Citroën, Dodge, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Jeep, Kia, Lancia, Mercedes, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Seat, Skoda, Volkswagen, Toyota y Volvo. Las prácticas restrictivas de la competencia consistieron en “la fijación de descuentos máximos y condiciones comerciales en el mercado de distribución minorista de turismos, con efectos perjudiciales para los consumidores, que adquirieron un vehículo por un importe superior al que podrían haberlo comprado de no haber existido acuerdos sobre los descuentos”.
Para llevar a cabo la reclamación, se recomendaba en un principio aportar el máximo de documentación, como mínimo la factura de compra, la acreditación del pago del alquiler del coche, además de la ficha técnica y los contratos. La OCU advierte que no todas las marcas tenían acuerdos durante todo el periodo cartelizado, por lo que invitan a los adquirientes a apuntarse a la campaña si son afectados.
En ese caso y según la organización, “gracias a las diligencias preliminares instadas por la OCU, los afectados no necesitarán aportar documentación de la titularidad de los vehículos ni la valoración del daño, y será más ventajoso que la reclamación individual”.
