El Gobierno dio ayer luz verde a la reforma de la plusvalía municipal, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó el método para calcular la base imponible, lo que en la práctica supuso la nulidad del tributo. Se trata de un gravamen que aporta a las arcas municipales 2.500 millones (47 millones en Galicia), de ahí que los consistorios urgiesen una solución para evitar el perjuicio sobre sus finanzas. Los ayuntamientos tendrán ahora seis meses de plazo para adaptar sus normativas a la reforma impulsada por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Los municipios llevan desde el día 26 de octubre que se dictó la sentencia sin recaudar por este tributo, de ahí la premura de Hacienda para tenerlo listo cuanto antes y además hacerlo mediante un real decreto-ley, lo que permite que pueda entrar en vigor de manera inmediata, una vez publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), sin perjuicio de que posteriormente se pueda tramitar en el Parlamento como proyecto de ley sujeto a cambios.

Pese a la premura de la entrada en vigor de este nuevo texto legislativo, el Gobierno dará a las entidades locales seis meses para adaptar su normativa al nuevo marco legal, aunque el texto entrará en vigor en cuanto se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), presumiblemente hoy mismo.

La reforma aprobada ayer por el Consejo de Ministros fija dos opciones de cálculo para el impuesto de plusvalía. En concreto, los ciudadanos podrán elegir entre un método basado en multiplicar el valor catastral por unos nuevos coeficientes que fijará el Gobierno o bien podrán decantarse por el cálculo a través de una ganancia real, con la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición.