Las organizaciones agrarias recurren la protección del lobo en la Audiencia Nacional

Ante la Audiencia Nacional han presentado un recurso contencioso administrativo las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, contra la protección del lobo por parte del Gobierno central. Todas ellas rechazan la orden ministerial que incluye a este animal en el Listado de Especies en Régimen de Protección Especial (Lespre) para el conjunto de España. Y piden la suspensión cautelar de esta decisión gubernamental, que en la práctica supone prohibir su caza en todo el país al considerar que es “contraria a derecho y perjudica gravemente a los ganaderos”.

Las organizaciones se suman así con un recurso similar a la petición de las comunidades autónomas de Galicia, Asturias, Cantabria y Castilla y León, presentado recientemente ante la Audiencia Nacional contra la orden del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico del 20 de septiembre, que establece esa prohibición en el territorio nacional. En el comunicado de las entidades agrarias, los ganaderos aclaran que tratan de evitar que se “agrave aún más” su situación ante los daños causados en las reses y explotaciones.

El propio Ministerio reconoce en su última memoria al respecto que, cuando aún estaba en vigor el anterior régimen de protección, “los daños no solo disminuyen, sino que han crecido de modo importante en algunas áreas”. En Galicia, cada año son atacadas unas 2.300 reses al año según datos oficiales. Pero los ganaderos barajan hasta 4.000 bajas. Y calculan pérdidas de 2 millones de euros por año, computando reses muertas, abortos por estrés o descensos en producción de leche. En 2020, la Xunta afrontó indemnizaciones por 650.00 euros: el 32% de la pérdidas reales.