La Xunta de Galicia ha remarcado este viernes el “deber del Gobierno de España” de revisar sus acuerdos con Audasa, “a la vista de los diferentes dictámenes y pronunciamientos que cuestionan los incrementos de los peajes y alertan de los excesivos beneficios de la concesionaria”.
Así lo ha apuntado la conselleira de Infraestructuras y Movilidad, Ethel Vázquez, junto con el director de la Agencia Gallega de Infraestructuras, Francisco Menéndez, tras reunirse con el presidente de En Colectivo, Diego Maraña, y otros representantes de la asociación. En la reunión, la conselleira ha confiado en que la Xunta espera que el Ejecutivo central tome medidas después de trasladarle el informe emitido recientemente por la Comisión Gallega de la Competencia sobre las compensaciones acordadas con Audasa por la financiación de las obras de ampliación de la capacidad de la autopista en los accesos a Santiago y a Vigo.
Ese informe concluye que las compensaciones establecidas por el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero año 2011, y ratificadas luego por el actual Ejecutivo en el año 2018, son “excesivas” e incluso pueden constituir “ayudas de Estado” a la concesionaria.
Compensaciones por las obras de ampliación
El Gobierno gallego ha remitido también al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el dictamen emitido en 2020 por el Consello Consultivo de Galicia en relación con las compensaciones acordadas por las obras de ampliación de la AP-9.
A ese respecto, el organismo considera que las subidas de peaje acumulativas autorizadas a la concesionaria para sufragar las obras en la infraestructura son “nulas de pleno derecho”.
En relación con el procedimiento abierto por la Unión Europea, la Xunta ha apuntado que el Gobierno de España debe clarificar su postura sobre las condiciones jurídicas en las que se produjeron las prórrogas de la concesión de la AP-9.
Por ello, la Xunta considera que los diferentes pronunciamientos de las instituciones sitúan al Ejecutivo central ante “el deber de adoptar medidas para revisar los beneficios de la concesionaria y defender los intereses de los usuarios de la autopista”.
Además, ha hecho hincapié en que las bonificaciones de los peajes implantados están íntegramente sufragadas por los Presupuestos Generales del Estado, por lo que todo el esfuerzo de las bonificaciones se hace con cargo a dinero públicos y sin implicar, en ningún caso, a la concesionaria.
