La extitular del Juzgado de Instrucción número uno de Lugo, Pilar de Lara, presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, después de que fuese sancionada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por dilaciones indebidas en casos de corrupción.

Su abogado, Agustín Azparren, explica que el recurso —interpuesto este lunes— se sustenta sobre “tres pilares”. Uno de ellos, fundamentado en que los vocales de la comisión disciplinaria, que “son los que imponen la sanción”, forman parte del pleno del Consejo que ve el recurso “y revisan su propia resolución”. “Es una cosa bastante irregular que no ocurre en casi ningún sistema. Hay que revisar si ese sistema es conforme a la Constitución o no. Puede tener influencia en una pérdida de imparcialidad de esos vocales que han resuelto y han vuelto a resolver”, esgrimió. A esto suma “la propia legitimidad del Consejo General del Poder Judicial”, ya que el nombramiento parlamentario de sus vocales “está generando retraso en la renovación” y “muchos organismos europeos, incluso sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, dicen que por lo menos la mitad” de sus miembros “tienen que ser elegidos por jueces y no por el Parlamento para evitar cualquier influencia política”.