En 2015, se destapaba el mayor caso de proxenetismo en España. A través de una red de clubs de alterne en la provincia de Lugo, los tres principales acusados de la llamada Operación Carioca explotaban sexualmente a mujeres en un clima de violencia y terror. La instrucción corrió en su día a cargo de la jueza Pilar de Lara. Y desde este martes, se celebrará el juicio en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Lugo. Para esos tres acusados, la Fiscalía pide penas de más de 500 años de prisión por decenas de delitos relacionados con esta trama de prostitución.
La dirección de la trata estaba en manos de J.M.G.A. y J.M.P.N., principales responsables de los clubes Queens y La Colina. Desde 2005 controlaban el negocio de la prostitución y colaboraban con la tercera acusada, G.P.S., para localizar a mujeres brasileñas en situación precaria. La acusada se encargaba de contactar con dos empleados de la empresa City Tour para organizar los viajes a España de las captadas, que quedaban endeudadas de inmediato por 3.000 euros. Para realizar ese pago, las mujeres se veían obligadas a ejercer la prostitución en los citados clubs. Y se les descontaba a diario un porcentaje de lo ganado con las copas y la explotación sexual. Según el escrito de la Fiscalía, para someterlas y obtener un mayor beneficio económica, los responsables de los locales “crearon un ambiente de violencia, generando un clima de temor, caracterizado por la agresividad de los acusados”.
Armas de fuego
La violencia llegó a tal límite que uno de los acusados portaba armas de fuego “de forma intimidatoria”, lanzaba cuchillos, o amenazaba a las víctimas para infundir miedo sobre las consecuencias de dejar el local.
A mayores, las mujeres tenían que pagar gastos diarios de alojamiento y manutención por lo que la deuda se incrementaba, mientras trabajaban bajo las condiciones de horarios y precios impuestas por esos dos hombres, “carecían de cualquier derecho a su actividad y estaban sometidas a una serie de normas no escritas, como multas aleatorias”.
El escrito de la Fiscalía recalca que “las condiciones en las que trabajaban las mujeres eran de extraordinaria dureza, tanto por las normas de trabajo impuestas, como por las reglas de conducta y convivencia fijadas por los acusados”. Los hechos son constitutivos de delitos contra los derechos de ciudadanos extranjeros, prostitución coactiva (54 delitos cada uno de los acusados), 27 contra los derechos de los trabajadores, amenazas, tenencia ilícita de armas, y contra la salud pública.
