El Tribunal Supremo confirmó la condena de 5 años y 3 meses de prisión para el funcionario Francisco Javier Gutiérrez Orúe, quien era jefe de servicio de Participación y Atención Ciudadana en el Concello de Vigo por un “plan urdido para la contratación oculta” de V.F., la cuñada de la concejala y presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva.
El alto cargo municipal es considerado responsable de un delito continuado de prevaricación con un delito continuado de malversación de caudales públicos y un delito de falsedad en documento mercantil. También es condenado a inhabilitación absoluta por el período de nueve años. El Concello de Vigo había archivado el expediente sancionador abierto contra Orúe al haber solicitado la jubilación anticipada.
El Supremo ratifica también la condena a Ramón Comesaña Alonso, administrador de la empresa Imesapi —concesionaria habitual del Ayuntamiento— como cooperador necesario de la malversación y autor de un delito de falsedad a las penas de un año y medio de prisión. Ambos acusados deberán indemnizar conjunta y solidariamente al Concello de Vigo en 108.000 euros.
