Los tres grupos con representación en la Cámara gallega alcanzaron ayer un acuerdo para demandar al Gobierno central que, en el desarrollo de la Ley de la Cadena Alimentaria, dote a los ganaderos de una herramienta pública y objetiva que determine los costes de producción de la leche y que sean de referencia, vinculantes y obligatorios. “O que, en su caso, se permita utilizar para su determinación fuentes del Ministerio de Agricultura —el Estudio de Costes y Rentas de las Explotaciones o la Red Nacional de Granjas Típicas, la llamada cuenta láctea—, los estudios publicados por los diferentes observatorios de la comunidad autónoma o los realizados por la universidad o organismos públicos”, señala la moción aprobada.

El acuerdo partió de una iniciativa defendida por el diputado del BNG Xosé Luís Rivas Mini, quien aceptó consensuar con el PP este punto, que también recibió el apoyo del PSdeG. Este acuerdo busca que de forma oficial los ganaderos puedan calcular los costes de producción para así evitar la venta a pérdidas, algo prohibido por ley pero que no siempre se cumple.

Tanto los populares como los socialistas respaldaron otro de los apartados de la moción de lo nacionalistas. En concreto, insta a la Xunta a velar por que, en los nuevos contratos a firmar entre productores e industria transformadora, los precios acordados incorporen las subidas con referencia al IPC gallego de los alimentos para el ganado, combustible, electricidad, abonos y demás factores que inciden en los costes de producción.

Sin embargo, el grupo mayoritario, que ha pedido la votación por puntos, ha rechazado promover un foro de debate arbitrado por la Consellería do Medio Rural en el que estén representados todos los actores de la cadena de producción y obtención de la leche y derivados.

En la defensa de la iniciativa, el diputado nacionalista denunció que los agricultores y ganaderos están en la “más absoluta indefensión” y señaló que el principal problema del rural “está en el cálculo y uso de los costes de producción de referencia y su aplicación desde los mercados”.

En el debate, el socialista Martín Seco atribuyó esta situación a los problemas estructurales de los “33 años” de gobierno del PP en Galicia, “una derecha que una vez más trata de trasladar sus responsabilidades a Madrid”.

Por su parte, la diputada popular Elena Candia, que avanzó el apoyo de su grupo a los puntos que salieron adelante, reiteró la demanda al Gobierno central para que habilite los mecanismos necesarios que garanticen el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria.