Como cláusula suelo se define el límite mínimo en el tipo de interés a pagar en las cuotas de una hipoteca inmobiliaria. En España se considera ilegal si la entidad bancaria no la explica con suficiente claridad, ya que puede llevar a cobros abusivos a través de dichos intereses. En el año 2017, ya se habían presentado en Galicia más de 2.500 demandas contra estas prácticas. Pero un lustro después, y con atascos judiciales al principio, el Consejo General del Poder Judicial confirma que a partir de enero dichas demandas se repartirán entre todos los juzgados de primera instancia de Galicia.

Se da así por finalizado el plan de especialización en estos procedimientos, “debido a la disminución de asuntos pendientes”. Desde su puesta en marcha el 1 de enero de 2017 y hasta el pasado 31 de marzo, esos dos órganos especializados en A Coruña y Vigo resolvieron en nuestra comunidad autónoma 13.834 casos. De este modo, la tasa de resolución —o número de asuntos concluidos en relación con los ingresados— llegaba en ese mes de marzo al 90, 7%. Además, las ciudades de Lugo y Ourense tuvieron cada una hasta 2020 un juzgado exclusivo para este ámbito.

 Según recalca el CGPJ, “debido a la disminución del número de nuevos asuntos ingresados y de los casos en trámite en Galicia, se ha finalizado el plan implementado en 2017”. Se había creado para “especializar determinados juzgados debido a la excepcionalidad de la situación planteada en la jurisdicción civil, como consecuencia de la entrada masiva de demandas de acciones individuales sobre condiciones generales incluidas en contratos de financiación con garantías reales inmobiliarias cuyo prestatario sea una persona física”.

Durante el tiempo citado, ingresaron 20.763 procedimientos: con la resolución de 13.834 y 12.033 sentencias dictadas. Las últimas cifras corresponden al primer trimestre de 2021, con el registro de 1.249 nuevos casos y la resolución de 1.133 en esos órganos que aún quedan en A Coruña y Vigo. Como media, la tasa de resolución ha sido en los cinco años de funcionamiento del 66,6% hasta dispararse en el primer trimestre de 2021 al 90,7 %.

En ambos juzgados se mantendrán los jueces y juezas de refuerzo el próximo año, a pesar de que ya no se encargarán exclusivamente de las demandas de cláusulas abusivas.