El Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo acordó, como decretó la Audiencia Provincial, que la pieza principal de la operación Pokemon, relacionada con el grupo Vendex y con posible corrupción política, se divida en 33 causas, debido a que entiende que carecen de conexión entre ellas.
La investigación fue una de las grandes macrooperaciones contra la corrupción, pero sus dilaciones provocaron la sanción a la magistrada que dirigió las pesquisas, Pilar de Lara. La jueza investigaba sobornos y amaños para conseguir contratos públicos en diferentes administraciones
El despiece de la Pokemon en 33 partes supone, de hecho, el desmantelamiento de la causa, iniciada por De Lara hace casi diez años.
Una vez dividida en 33 procedimientos, el Juzgado Decano de Lugo deberá repartirlos entre los juzgados de instrucción de aquellas ciudades en las que se cometieron los delitos. De los 33, nueve son de A Coruña: el concurso municipal del Aquarium; el del Ágora; el del Muncyt; el de parking del aeropuerto de Alvedro; regalos del grupo Vendex a funcionarios y autoridades del Concello de A Coruña; contratos del Instituto Municipal de Espectáculos de A Coruña (IMCE); contratos de trabajo a personas recomendadas (“enchufes”, según recoge el auto del juzgado) por cargos y empleados públicos del Ayuntamiento de A Coruña; subvenciones de la empresa Nauga (Sermasa) y la retirada de sanciones a vehículos en A Coruña.
De las 33 piezas en las que se divide ahora la operación Pokemon otra ira a Sada por “hechos relativos a los concursos de alumbrado, ayuda en el hogar y limpieza de locales del Concello de Sada” y otra a Arteixo por “posibles delitos de uso de información privilegiada y tráfico de influencias” en el Concello.
El despiece de la Pokemon en 33 piezas se produce, según el instructor, porque “no puede pivotar la conexidad de las diversas causas en que en todas ellas intervenga el mismo grupo empresarial, cuando las operaciones que se tildan supuestamente de ilícitas tienen destinatarios o colaboradores diferentes”.
La Audiencia también advirtió en el auto que ahora ejecuta el instructor de “la práctica imposibilidad de abarcar en un solo procedimiento el enjuiciamiento de más de 250 investigados o las múltiples tramas, que supondrían la inoperancia del juicio”.
En la causa, según consta en la resolución notificada ayer, se investigaron “unos hechos de los que, a priori, resultaba que el grupo Vendex, a partir de sus contrataciones en Galicia, pudiera haber obtenido beneficios multimillonarios, presuntamente ilícitos, a través de diversos fraudes en la contratación pública en distintas localidades de Galicia”.
Los investigados habrían llevado a cabo, entre otras, “conductas constitutivas de otros varios delitos contra la administración pública, por medio de la corrupción supuestamente de funcionarios y cargos públicos, mediante, entre otras actividades, entregas de dinero en efectivo, dádivas o regalos, contratando personal recomendado por tales funcionarios o cargos públicos o gestionando retirada de multas, mediante donaciones ilegales a partidos”.
