España ya ha remitido a la Comisión Europea el Plan Estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2023, dotado con 47.724 millones hasta 2027 para un total de 630.000 perceptores, de los que algo más de 25.000 pertenecen a Galicia.
El plan de aplicación de la PAC en España supone un “potente” instrumento de apoyo para afrontar retos como el cambio climático, el relevo generacional, afianzar la presencia de la mujer en la actividad agraria y la mejora de la competitividad del sector. De esta forma, según explicó el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, España contará con una PAC “más justa, más social y más sostenible” para potenciar un sector agroalimentario estratégico que contará con el presupuesto y las herramientas necesarias para poder afrontar los retos económicos, sociales y medioambientales de la próxima década, en consonancia con las nuevas demandas de los consumidores.
El objetivo es apoyar a la agricultura profesional y familiar para que mejore su competitividad al tiempo que se impulsan “cambios, profundos, pero graduales”, que remuneren el compromiso medioambiental de agricultores y ganaderos, al tiempo que permitan aumentar su eficacia y garanticen unos pagos “más justos y eficientes”.
En la preparación de esta propuesta se han celebrado cerca de 300 reuniones, se han analizado aproximadamente 1.000 aportaciones escritas y se han llevado a cabo cinco Conferencias sectoriales en el último año y medio y numerosas reuniones bilaterales.
La previsión es que la Comisión Europea lo apruebe a finales del primer semestre de 2022, para que sea de aplicación a partir del 1 de enero de 2023.
A los 47.724 millones previstos hasta 2027 se suma la confinanciación, con lo que la dotación se eleva a más de 50.000 millones para el periodo. El plan supone en materia de ayudas directas más de 4.800 millones de euros anuales, 700 millones en medidas de mercado, incluyendo los programas sectoriales, y 1.700 millones en medidas de desarrollo rural.
