El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha tumbado una adjudicación de la redacción de informes técnicos sobre patrimonio cultural por parte de la Xunta a Tecnologías y Servicios Agrarios S.A. (Tragsatec), por entender que es una labor que “corresponde al personal funcionario”.
Se trata de una sentencia, dictada el pasado 14 de enero, en la que Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima un recurso de la CIG contra una resolución de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural del 21 de diciembre de 2020 por la que se licitaba a la compañía este servicio por un montante de 409.933,75 euros.
La encomienda a Tragsatec tenía como objeto la elaboración de informes técnicos previos a autorizaciones previstas en la ley gallega de patrimonio cultural, al respecto de intervenciones que afectaban a los caminos de Santiago, a bienes de interés cultural o catalogados, a su entorno y a su zona de amortización.
La defensa de la Xunta en este procedimiento judicial se basaba, entre otros argumentos, en reafirmar “la potestad de autoorganización” de la Administración para suministrar este servicio y en negar que cuente “con medios propios” para elaborar los mencionados informes.
