Quince años después de dejar el cargo de alcalde de Ourense tras gobernar entre 1995 y 2007 la tercera ciudad más poblada de Galicia, Manuel Cabezas se sentó en el banquillo, junto al exconcejal de Urbanismo Ricardo Campo Labrador, por los presuntos delitos continuados de prevaricación y de malversación en el caso del 10%: aprobaron en comisiones de gobierno, entre 1997 y 2002, 15 proyectos de promotores privados a los que se les permitió el 100% de aprovechamiento del suelo. La Audiencia Provincial de Ourense exculpa a los dos.

“No ha resultado probado” —señala el tribunal— que ni el exregidor ni el exconcejal se aprovecharan de sus cargos públicos y, “guiados por un ánimo de enriquecimiento injusto con el fin de convertir el patrimonio municipal en beneficios privados” —como les atribuía la Fiscalía— y votasen a favor de los proyectos “a sabiendas de la inaplicabilidad” de un acuerdo de 1994, que exoneraba a los promotores de la cesión de suelo para fin público hasta que hubiera plan general adaptado.