Contra las concesiones de servicios de transportes a Monbus por parte de la Xunta de Galicia, se posiciona la asociación de transportistas Galibus. Representa a 30 empresas con 250 vehículos, “y algunas están dejando de trabajar”. Según Fernando García, de Galibus, “hemos presentado una demanda judicial para que se investigue este proceso”. En el Juzgado de Instrucción número 4 de Vigo, Galibus presentó la denuncia por “presunto delito de alteración de precios en concursos / subastas públicas”. Dicha denuncia en concreto se dirige contra Monbus. Y según Galibus, los Juzgados de Vigo la han derivado a los de Santiago. Desde la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade recalcan que “en la Dirección Xeral de Mobilidade no se tiene constancia de esa denuncia, al no tener recibido notificación oficial alguna por parte de los juzgados”.

Aseguran desde la Xunta que, en la licitación del Plan de Transporte Público de Galicia, “el procedimiento es especialmente escrupuloso”. Según Galibus, formada por pequeñas y medianas empresas del sector en toda Galicia, “la gran mayoría de las concesiones van para las UTEs en las que entra Monbus, si en toda Galicia puede haber un centenar de concesiones ellos se llevan casi el 80%”. Afirma Fernando García que “se usan varias empresas para acaparar el mercado con el consentimiento de la administración”. Este diario ha contactado con Monbus sobre este asunto pero no ha obtenido respuesta.

“Cuando se acabaron todos los concursos decidimos presentar una demanda por la vía penal, Monbus sabe que siempre va a ganar aunque se presente con condiciones por debajo del pliego”, aseguran desde Galibus. También lamentan los integrantes de este colectivo que les hayan puesto numerosos obstáculos a la hora de presentar avales en los concursos. Acusan además a Monbus de “incumplir horarios y reducir autobuses como se está demostrando en la línea A Coruña-Ferrol, sus vehículos tienen demasiada antigüedad —de más de 16 años—”. En este sentido, ya han reclamado que la administración autonómica inspeccione el cumplimiento de las ofertas. Recalcan que “la Xunta ha solicitado los fondos Next Generation para unos servicios que ya ofertó y debería hacer Monbus”. E incluso planean una manifestación de autobuses por Santiago.

De momento, las denuncias judiciales presentadas por Galibus han acabado con resoluciones a favor de la Xunta. Desde la Consellería de Infraestruturas indican que “los contratos a los que se refieren fueron denunciados por la vía contencioso administrativa con sentencia contraria a los denunciantes”. Insisten en que “el procedimiento es escrupuloso por parte de los funcionarios de Mobilidade, como así avaló el órgano administrativo independiente de control, el Tribunal Administrativo de Contratación Pública, en todas sus resoluciones a los recursos presentados por las empresas u otros interesados”.

El Tribunal Administrativo determinó “la legalidad y conformidad de los pliegos y proyectos que rigieron la licitación de los contratos”, según apuntan desde la Consellería de Infraestuturas e Mobilidade.