El Consello de Contas prevé llevar a cabo cerca de media docena de actuaciones este año para prevenir la corrupción en Galicia, entre las que figura un informe en el que fiscalizarán las subvenciones que perciben los partidos políticos. Entre otras novedades que incluirá Contas en su plan de trabajo de este año, presentado con retraso porque hubo que esperar a la toma de posesión de los nuevos miembros, figura también la fiscalización de los contratos de construcción y gestión de las autovías autonómicas financiadas mediante peaje a la sombra—como la de O Salnés, O Barbanza, Santiago-Brión o Dozón-Ourense)—, en las que la Xunta paga un canon anual a las empresas que las construyeron y se encargan de su mantenimiento.
El control se centrará en los riesgos asumidos por la Administración autonómica al comprometerse a garantizar el reequilibrio económico de las concesionarias en caso de reducción de tráfico y otras causas, además de revisar las solicitudes de compensaciones exigidas por las empresas a raíz de las restricciones de movilidad por la crisis sanitaria, peticiones que la Xunta ha rechazado.
Y también fiscalizará el sistema de saneamiento de las aguas residuales en Galicia, que se rige por dos modelos, el asumido por los concellos y el gestionado por Augas de Galicia. Esta operación de control se hace a iniciativa de Contas, que encuentra justificación para ello en el procedimiento de infracción abierto por la Comisión Europea contra Galicia (realmente la Unión Europea actúa contra el Reino de España, aunque luego sus consecuencias se trasladan del Estado a la comunidad) por un deficiente saneamiento de sus rías.
De hecho, el Gobierno central reclamó a la Xunta el pago de algo más de 4 millones de euros por su responsabilidad en la depuración de las aguas de las aglomeraciones urbanas de Ribeira y Vigo, demanda que avaló el Tribunal Supremo recientemente. El deficiente saneamiento también afecta a Santiago, pero el Ejecutivo central asume que en ese caso es su competencia.
En el ámbito local, se auditarán los controles básicos de ciberseguridad de las diputaciones, la respuesta a la crisis de la pandemia por los municipios de más población y el análisis de la gestión de los sistemas municipales de abastecimiento de agua potable.
En lo que respecta al Sergas, se evaluarán gastos como el impacto de la pandemia en la contratación del Servizo Galego de Saúde, contratos con las fundaciones sanitarias, así como la fiscalización del contrato de concesión del hospital Álvaro Cunqueiro.
