Más de 76.000 metros cúbicos al día. Esa es la cantidad de vertidos urbanos que a mitad de los años ochenta llegaba a las costas y rías gallegas. Es como si cuatro piscinas olímpicas reventasen con aguas residuales sin depurar, aceites, disolventes, grasas, vapores combustibles o inflamables, residuos tóxicos, pesticidas, fertilizantes o restos orgánicos de animales y fuesen a parar a las aguas de la comunidad. Hace años, muchos de los vertidos que llegaban a los cauces fluviales, a las rías o incluso al mar ni se detectaban, pero desde que hace más de una década la Xunta puso en marcha una red de control que permite detectar en tiempo real la calidad de las aguas, las inspecciones se multiplicaron y la alerta en caso de incidencia es inmediata. Esta labor inspectora deriva cada año en la apertura de decenas de expedientes sancionadores a administraciones, empresas o particulares por vertidos ilegales o contaminantes. Solo el año pasado Augas de Galicia abrió un total de 298, casi un 9% más que el ejercicio anterior. El grueso de los procedimientos es contra ayuntamientos por no controlar los vertidos, bien en aguas de dominio hidráulico (ríos) o bien en zona marítimo-terrestre (rías y mar): un total de 154, un 18% más que el ejercicio anterior, según el balance de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.
En los mapas de las analíticas de Augas de Galicia, las administraciones —en concreto los concellos— están marcados en rojo ya que concentran casi el 40% de todos los expedientes de sanción abiertos el año pasado, la mayoría por deficiencias en el funcionamiento de sus depuradoras. Este balance revela un aumento de los procedimientos sancionadores por residuos tanto a administraciones como a empresas, un 18% en el primer caso —pasaron de 132 a 154— y un 20% en el segundo —de 96 a 115—. La excepción son los procesos contra particulares que se redujeron a casi la mitad —de 46 a 29—.
La mayoría de las investigaciones abiertas el año pasado por Augas de Galicia fueron por vertidos detectados en río (un total de 233, el casi el 80%), y por puntos de polución en rías y mar, 65.
Principalmente las infracciones detectadas son de tres tipos. Por un lado, las derivadas de un vertido no autorizado que suelen acarrear multas de 300.000 euros. Por incumplimiento de la autorización, los importes si sitúan en los 15.000 euros. Y en los casos por desatención, el requerimiento de Aguas de Galicia suelen ser sanciones por 5.000 euros.
Bajo la premisa de Quien contamina, paga, las pesquisas llevadas a cabo el año pasado en los puntos de vertido detectados derivaron en 134 sanciones: 106 por alteración del estado natural de los ríos gallegos por un importe que superó los 287.000 euros y otras 28 por carga microbiológica o química o vertidos sin autorización en las rías o el mar por algo más de 90.000 euros. En total, casi 400.000 euros. Otros 75 casos seguían en trámite al cierre del ejercicio.
En el caso de las multas por polución en el dominio público hidráulico (ríos), las administraciones sumaron 101 expedientes sancionadores que derivaron en 44 multas por un importe de más de 101.000 euros. Esto se traduce en una sanción media de 2.300 euros, un 15% más que el ejercicio anterior, lo que revela una mayor gravedad de la infracción cometida. En el caso de los concellos, todavía quedan otros 32 expedientes por vertidos a ríos pendientes de resolución, mientras que 16 fueron archivados y 9 sobreseídos.
En cuanto a los vertidos contaminantes o ilegales de empresas en ríos, la Xunta abrió un total de 104 procedimientos sancionadores, de los que 59 son firmes. En total 184.209 euros en multas: una media de 3.100 euros. Otros 12 están en trámite, a 28 le dieron carpetazo y 5 fueron sobreseídos.
Como todos los años, los particulares tienen el menor volumen de expedientes: 28, de ellos 3 ya con sanción firme (1.8001 euros), 11 en trámite y 14 archivados.
En el caso de los vertidos en aguas costeras, de los 65 expedientes abiertos el año pasado, los concellos concentran el 81,5%: un total de 53. En este caso ya se interpusieron 21 multas firmes por más de 57.000 euros. Otros 18 expedientes están pendientes de resolución y 13 fueron archivados y uno sobreseído.
Por vertidos ilegales o contaminantes en rías y mar causados de empresas, Augas de Galicia abrió el año pasado 11 procedimientos sancionadores. Siete de ellos exigieron a las compañías el pago de un total de 32.500 euros. Tres fueron archivados y uno todavía estaba al cierre el ejercicio pendiente de resolución. Y finalmente, a particulares se le abrió un expediente que finalizado el año aún no se había resuelto.
Un total de 120 investigaciones por contaminación de años anteriores
No hay año en que el departamento de Augas de Galicia baje de los 200 expedientes sancionadores abiertos. Ante la imposibilidad de cerrar todos los procesos en el ejercicio en curso, a los abiertos cada año se suman los pendientes de resolver de otras campañas de inspección. En 2021 el organismo autonómico resolvió 120 expedientes sancionadores que se arrastraban de años pasados, de ellos 94 afectaban a zonas de dominio público hidráulico (ríos) y los 26 restantes al marítimo-terrestre (rías y mar). En total fueron 78 las sanciones firmes interpuestas —58 por afecciones a los caudales de los ríos— y 20 por los focos contaminantes o sin autorización en las ensenadas y la costa gallegas. Otras 36 investigaciones acabaron con el caso archivado. El volumen de las multas interpuestas por estos procedimientos pendientes de ejercicios pasados superó los 170.000 euros, el grueso por vertidos en los cauces fluviales (más de 130.000 euros), según datos de Augas de Galicia. Los concellos son los que afrontaron el mayor numero de expedientes sancionadores. En 2021 se resolvieron de año atrás 67 procesos a las administraciones locales, el 56% del total. Le siguen en el ranking las empresas, con 34 pesquisas de otros años resueltas. Y, finalmente, los casos que afectan a particulares, un total de 19.
