El Gobierno central tiene dudas sobre la legalidad de seis extensos artículos de la ley de acompañamiento de los presupuestos gallegos, por lo que ha activado la Comisión Bilateral con la Xunta para iniciar las negociaciones e intentar resolver las discrepancias. Si no hay acuerdo en el plazo de seis meses, la disputa acabará en el Tribunal Constitucional.

Una de la divergencias afecta al desbroce de la biomasa —para evitar la propagación de incendios— que flanquea las carreteras estatales. El Gobierno tiene dudas sobre la legalidad de que la Xunta tenga que aprobar la planificación anual en la que se regulará cómo se despejará de maleza los márgenes de las vías de titularidad estatal. La Consellería do Medio Rural sostiene que este precepto ya está previsto por ley desde el año 2007.

Los otros motivos de disputa afectan a la Consellería de Infraestruturas, pero la Xunta entiende que son cuestiones menores y que se resolverán de forma “sencilla” y sin que se genere ningún tipo de problema entre las administraciones.