La Xunta mostró ayer su satisfacción por el fallo del Tribunal Supremo que libra a la Administración autonómica de abonar 12,5 millones de euros que la concesionaria de la AP-9 reclamaba por los peajes en la sombra del puente de Rande y el tramo de A Barcala durante los dos últimos ejercicios (2020 y 2021).
El auto da la razón a la Xunta en su interpretación del acuerdo firmado en 2017 con el Gobierno entonces presidido por Mariano Rajoy para liberar a la Administración gallega de su responsabilidad con el pago de este peajes en sombra. Desde ese momento el Gobierno central asumió todo el coste, pero después el Ejecutivo cambió el sistema de cálculo y redujo las compensaciones a Audasa, que recurrió la decisión ante la Justicia.
