Todavía no ha comenzado la temporada de riesgo y la Xunta ya ha prohibido tres veces en lo que va de año —dos en abril— las quemas agrícolas y forestales para prevenir incendios. En la antesala de lo que la Consellería do Medio Rural avisa que será un verano “especialmente complicado” en los montes gallegos debido al tiempo cálido y seco del invierno, se prepara el dispositivo para persuadir a los incendiarios y frenar la ola de fuegos intencionados que cada año reducen a cenizas miles de hectáreas. A lo largo del año pasado, más de mil incendios asolaron Galicia, en concreto 1.186. Pero solo se logró detener al 5% de los sospechosos (un total de 62). Aunque el 65% fueron intencionados, solo se logró detener al 5% de los sospechosos. Y es que la falta de pruebas contundentes y de testigos que permitan llegar al incendiario y demostrar su autoría hacen que la práctica totalidad de los focos queden impunes.
De los casi 1.200 incendios forestales registrados el año pasado en Galicia, un total de 766 (65%) fueron intencionados, otros 79 (6,6%) fruto de una negligencia, 51 (4,3%) obedecieron a causas naturales y 290 responden a otras causas (casi un 25%), como reproducciones de otros ya extinguidos, causados por líneas eléctricas, trenes o motivos desconocidos o sin especificar, según recoge la memoria de 2021 de la Unidade da Policía Nacional Adscrita a la comunidad autónoma de Galicia (UPA).
Detrás de los incendios intencionados, según destaca la Policía Autonómica, hay “innumerables motivaciones”, entre las principales están las relacionadas con piromanía, alcoholismo, cambios de uso del suelo o de cultivo, limpieza del monte para caza, ahuyentar animales que causan destrozos en las fincas, para delimitación de tierras, relacionados con procesos de concentración parcelaria, de expropiación para vías de comunicación, reparto de herencias o conflictos entre vecinos o familiares, venganzas, forzar puestos de trabajo en extinción o protestar por las limitaciones y restricciones de actividades en los espacios naturales, entre otras.
Entre las causas naturales más habituales está la caída de rayos en el monte en tormentas secas del verano. Y las negligencias afectan a los escapes de quemas de restos agrícolas y forestales, trabajos con maquinaria agrícola o con soldadora o maquinaria de construcción. Estos incendios son los que agrupan el grueso de los arrestados por tratarse de fuegos localizados en un punto concreto y cuyos propietarios de esas fincas o los trabajadores en ese punto no supone complejidad alguna dar a los investigadores con su paradero. De los sospechosos arrestados el año pasado por los agentes de la Policía Autonómica, el 76% eran autores de incendios por negligencia y apenas el 24%, de focos intencionados. Este último se trata de un porcentaje muy superior al del ejercicio pasado (poco más del 5%), si bien es cierto que las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia fueron aprovechadas por los incendiarios ya que tuvieron más fácil acceder al monte sin ser vistos por vecinos que pudieran ponerlo en conocimiento de las autoridades.
Desde la UPA destacan que en 2021 debido a la crisis sanitaria del COVID, los datos reflejan una disminución en los resultados ya que se tuvieron que medios, tanto humanos como materiales, al control de la pandemia. “Teniendo en cuenta que el persona de esta Unidad ha disminuido considerablemente en los últimos años, no cabe duda que la instauración de servicios extraordinarios remunerados los viernes, fines de semana y festivos en la última campaña de verano, ha contribuido a que esos resultados fueran amortiguados”, recoge la memoria de la Policía Autonómica del año pasado. “Sería deseable contar las próximas campañas con este tipo de servicios”, urge la UPA.
El grueso de los incendios forestales se registraron durante la temporada de riesgo (julio-octubre), con un total de 542. Una cifra muy por debajo de los fuegos del año anterior durante la campaña de verano: 1.261, lo supone un descenso del 57%. Agosto se coloca a la cabeza en actividad incendiaria, con 290 focos, seguido de julio (127). En septiembre hubo 99 y en octubre 26.
Para tratar de disuadir a los incendiarios, la Policía Autonómica pone en marcha en cada campaña un plan de seguimiento a reincidentes o sospechosos de haber provocado alguno de los fuegos no esclarecidos. Galicia es pionera en este dispositivo de vigilancia que se puso en marcha tras la ola de incendios de 2006 con la creación de un censo de sospechosos que año tras año suma nuevos nombres a la lista.
La Policía Autonómica interpone seis sanciones cada día, cuatro veces más que hace una década
En los últimos 30 años, la actividad incendiaria en Galicia se redujo casi un 90%. De los más de 9.300 fuegos registrados de media cada año en la década 1990-1999 se pasó a poco más de 3.200 en el periodo 2010-2019 y a 1.240 en 2020-2021. Por el contrario las sanciones se dispararon, al pasar de poco más de 500 en 2012 a las 2.140 registradas el año pasado —una media de 6 cada día, cuatro veces más que hace casi una década—, según el balance de la UPA.
Desde el año 2013, en cuatro ejercicios el volumen de sanciones se quedó por encima de las 2.000. Además de 2021, con 2.140 expedientes en materia de incendios forestales, también en 2018 (2.440), 2019 (2.339) y 2016 (2.013). Uno de los factores que ha contribuido al descenso de la actividad incendiaria en los montes gallegos ha sido el refuerzo policial, “tanto lo que se refiere a la prevención proactiva, como a la investigación”, destacan desde la Policía Autonómica.
Además, las unidades policiales han reforzado las labores de información al ciudadano durante los últimos veinte años sobre los requisitos para realizar quemas forestales para que no se produzcan escapes, también sobre la forma de realizar plantaciones forestales y la limpieza de las franjas de seguridad, primando —apuntan— la labor informativa sobre la punitiva, según recoge la memoria de 2021 de la UPA.
