Los procesados en el marco de la 'Operación Pollo', en relación a una investigación por explotación laboral contra empresarios y ganaderos de Lugo por emplear a inmigrantes "en condiciones pésimas", eludirán la cárcel, mientras que el considerado cabecilla se encuentra en búsqueda y captura.
La operación se desprende de un interrogatorio de la ex jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Lugo, Estela San José Asensio, en 2006 a un acusado de un robo en el Sanatario Portela, en la ciudad amurallada, de donde partió la denominada 'Operación Pollo'.
La investigación se ha centrado en empresarios y ganaderos de Lugo, sobre todo de la zona de A Terra Cha, por traer a inmigrantes para emplearlos "en condiciones pésimas".
Finalmente se han sentado en el banquillo de los acusados, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Lugo, 16 personas investigadas en esa trama con la ausencia del líder, que es un ciudadano marroquí que se encuentra en búsqueda y captura. Ninguno de los procesados entrará en prisión.
Un juicio señalado en lo formal porque la Fiscalía ya había alcanzado, hace tiempo, un acuerdo de conformidad con las defensas y acusaciones particulares, por el que solo a uno de los procesados se le condena a dos años de prisión, mientras que el resto queda exonerado de la cárcel.
Los hechos sucedieron entre los años 2006 y 2008, por el que según el escrito inicial de la Fiscalía el individuo que permanece fugado de la Justicia se había dedicado a "organizar y facilitar" la entrada de ciudadanos marroquíes "enriqueciéndose con cantidades de entre 8.000 y 14.000 euros que estaban dispuestos a pagarle a cambio de obtener la documentación necesaria".
Jornadas de 14 horas
Con los inmigrantes en Lugo, eran dados de alta a media jornada para que el pago a la Seguridad Social fuera menor, pero luego desarrollaban jornadas de 14 horas diarias y siete días a la semana, sin vacaciones en muchos casos, en granjas de pollo de la provincia.
A estos trabajadores cuando se les colocaba en empresas de Lugo apenas les pagaban "entre 300 y 700 euros" y en unas condiciones de vida de "semiesclavitud".
El abogado del acusado, un empresario de Lugo, con mayor pena, dos años de prisión, José Piroscia, ha confirmado que al "no tener antecedentes para ingresar", entiende que "se debe de suspender" su entrada en la cárcel. Para el resto se han dictado penas menores e indemnizaciones para las víctimas que oscilan entre los mil y los 3.100 euros.
Piroscia también ha puntualizado que han pesado en estas penas menores las "dilaciones de un instrucción" que va para los 16 años desde que se inició. "Hay dilaciones, hay reparación civil también para los perjudicados. Hay una serie de cosas que el fiscal contempló y lógicamente entendemos que la legislación permite y por eso se llega a la conformidad con un acuerdo de este tipo", ha comentado el letrado lucense.
Casi 500 inmigrantes, en su mayoría magrebíes, han sido las víctimas de esta trama de explotación laboral, que los conducían desde Lugo ciudad hasta las explotaciones emplazadas muchas de ellas en la comarca de A Terra Chá.
