El mercado de la vivienda todavía no ha salido a flote de la crisis que hundió al sector tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en 2008. Con la restricción del crédito y los activos absorbidos por la Sareb, el llamado banco malo que se creó en noviembre de 2012, el acceso a un piso es aún hoy una misión casi imposible por la reducida oferta y la subida imparable de los precios. En estos últimos años no solo no se ha incrementado el parque de vivienda de manera suficiente, sino que tampoco se ha ampliado la oferta del alquiler, ni hay pisos de protección oficial en las zonas tensionadas de Galicia. A día de hoy, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria, la Sareb, mantiene en propiedad más de 46.000 viviendas en España que no ha vendido, junto a 21.693 obras en construcción en curso y 30.320 parcelas urbanizables, según datos de la propia sociedad a finales de abril. En la comunidad gallega, los activos disponibles por el banco malo superan los 4.500 —1834 viviendas vacías, 1.972 trasteros y garajes, 499 locales comerciales y 2.666 suelos— junto con más de 1.700 promociones en curso.
Estas actuaciones, que deberá acometer antes de 2027 —año en el que, teóricamente, debe desaparecer la entidad, aunque podría extender su límite— contribuirán a mejorar la oferta residencial en la comunidad, aunque no serán suficientes para hacer frente a la falta de stock y atender la creciente demanda.
De las viviendas en manos de la Sareb, el 45% son de propiedad pública, según detallan desde la Federación Galega de Empresas Inmobiliarias (Fegein). Ante esta situación, la patronal gallega reclama que esos inmuebles sean cedidos a la Xunta “de forma inmediata” para “constituir el más que necesario parque social de viviendas públicas de rentas bajas”. De este modo, defiende su presidente, Benito Iglesias, se combate la exclusión social de las personas y la ocupación de viviendas en la comunidad, un fenómeno al alza en el conjunto del país y que durante la pandemia ha repuntado.
Aunque la nueva normativa recoge que la sociedad “elaborará estrategias de cesión de inmuebles a entidades públicas o entidades no lucrativas, en las que ponderará la utilidad social”, no se han cedido viviendas a las comunidades.
Origen
La Sareb fue creada en 2012 con el objetivo de gestionar y vender los activos tóxicos de las entidades financieras que recibieron ayudas públicas con el objetivo de aligerar sus cuentas. Tanto la creación del banco malo como su gestión han sido duramente criticadas en esta década de existencia. Principalmente por la acumulación de pérdidas año tras año. El último balance, correspondiente al ejercicio pasado, certifica como tales 1.626 millones de euros en el conjunto del país, un 51,5% más que en 2020.
Las empresas inmobiliarias en la comunidad aseguran que la imagen que deja la Sareb es de “un enorme estropicio económico”. “Era una gran oportunidad para contribuir a estabilizar el sector de la vivienda y dinamizar el gremio inmobiliario por su abultado volumen de activos, pero, hasta el momento, solo ha servido para limpiar el balance de las entidades financieras que recibieron ayudas”, destaca el presidente de Fegein.
En el conjunto de la comunidad, el 56% de las promociones de obra nueva, según datos de la patronal inmobiliaria, son de procedencia bancaria, de promotoras o de fondos de inversión o de la Sareb cedidas.
Blackstone, Cerberus, Lone Star o Apollo acaparan el ladrillo de la banca en Galicia, con una cartera de más de 4.000 viviendas en la comunidad, a las que hay que sumar otro paquete de 2.500 que actualmente poseen las grandes entidades financieras, detalla Fegein. “Estos fondos de inversión aparecen al calor de la Sareb y de los activos inmobiliarios de procedencia bancaria a partir de 2012”, explica Iglesias.
En la actualidad el banco malo tiene más de 21.000 obras en construcción en curso en todo el país, de ellas 1.738 en Galicia, lo que supone el 8% del total. Desde la patronal inmobiliaria, Iglesias defiende que las cooperativas de viviendas, tanto de protección autonómica como libres, son la herramienta jurídica que permite competir en el mercado contra los fondos de inversión y sus filiales.
