La comisión autonómica de tráfico y seguridad de la circulación vial —que cuenta con representantes de todas las administraciones con competencias en las carreteras gallegas— se reúne hoy en la sede de la Delegación del Gobierno para abordar el derrumbe del viaducto O Castro, en la A-6, enlace principal de Galicia con la Meseta.
En una entrevista con la Cadena SER, la conselleira de Infraestruturas, Ethel Vázquez, aseguró que se reclamará “más información” al Gobierno por el desplome del tramo de unos 50 metros entre los municipios de Pedrafita do Cebreiro (Lugo) y Vega del Valcárcel (León) del carril en sentido A Coruña, que permanece cerrado desde hace un año por obras. “Nos gustaría que se compartan para ayudar a ofrecer soluciones”, apuntaba en referencia a los informes técnicos del Ministerio de Transportes. Vázquez demanda una mayor “agilidad en las soluciones”, dado que la “A-6, una vía troncal para Galicia, está cerrada”. “Esto produce un fuerte impacto desde el punto de vista económico, que afecta al transporte especial”, destacó.
Ante esta situación, el PP ha movido ficha y ha registrado en el Congreso solicitudes de comparecencia de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y de la secretaria de Estado, Isabel Pardo de Vera, para que informen en comisión sobre las causas del derrumbe y sobre las medidas que se adoptarán para su reparación. Ese accidente supone “un enorme problema para los más de 10.000 vehículos que diariamente se mueven por esta importante arteria”.
Por su parte, la líder del BNG, Ana Pontón, se desplazó ayer a la zona en compañía el diputado nacionalista en las Cortes, Néstor Rego. Allí solicitó la creación de una comisión de seguimiento sobre lo sucedido. “Estoy convencida de que si esta puente que se derrumbó estuviera conectando Madrid, Cataluña o Euskadi la respuesta sería muy diferente, la ministra responsable sería la primera en estar aquí presente. Habría información, plazos para recuperar la infraestructura, pero no es el trato que se le da a Galicia“, lamentó. Rego añadió que “no se puede ocultar información y es necesario conocer si la responsabilidad es de la administración pública o de las empresas constructoras”.
