La DG Mare, dirigida por la directora general Charlina Vitcheva, no se esperaba lo que sucedió ayer. La búlgara daba por hecho que los países miembro de la UE respaldarían su propuesta de vetar la pesca de fondo en 94 zonas de la cornisa atlántica, desde el Golfo de Cádiz y la zona norte del histórico caladero de Gran Sol, para la protección de ecosistemas marinos vulnerables. Sin embargo, los representantes de los estados no se mostraron nada convencidos ante la propuesta de reglamento de ejecución de la Comisión y así se lo hicieron saber en la votación.

La deficiente consulta sobre la medida llevada a cabo por Bruselas y, sobre todo, la inexistencia de datos sobre los efectos socioeconómicos provocó que 11 países (Polonia, Portugal, Lituania, Grecia, Bélgica, Croacia, Malta, Chipre, Estonia y, por no estar presentes, Italia y Eslovenia) se abstuvieran en la votación, a los que se sumaron, en contra, tanto España como Irlanda. El resto de países, 14, votaron a favor (incluida Francia), aunque a la mayoría no les afecta la medida por no pescar en esas zonas. El resultado fue una “no opinión”, de acuerdo al procedimiento de funcionamiento regulado por la UE. “Lo que ha sucedido es tan excepcional que no se sabe qué va a pasar ahora”, reconoce el gerente de la patronal europea Europêche, Daniel Voces. Y es que ahora la Comisión Europea tiene dos opciones: aplicarlo de forma unilateral o volver a tramitarlo y presentarlo ante los países para una nueva votación. Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, nueve de cada diez gransoleros (80 gallegos de bandera española) se quedarían sin caladero.

La postura común de los países de la necesidad de conservar los mares comunitarios antojaba una victoria segura por parte de la Comisión Europea en la votación. Sin embargo, no fue así. España e Irlanda, dos de los países afectados por los cierres junto a Portugal y Francia, se posicionaron en contra. Según trasladaron al sector desde el Ministerio, incluso algunos países sin intereses directos en la propuesta mostraron sus fuertes dudas sobre los impactos socioeconómicos y el proceso llevado a cabo para las consultas, que desde el sector pesquero ya negaron que existiese.