La Xunta estudia cómo aplicar el plan del Gobierno central para propiciar un ahorro energético que permita capear la crisis derivada del cierre del grifo del gas ruso. Desde el día 9 y hasta el 1 de noviembre de 2023, los edificios públicos deberán apagar sus luces desde las 22.00 horas, al igual que los escaparates de los comercios, salvo excepciones como los hospitales, además de mantener unas temperaturas comprendidas en una horquilla de 27 grados para el aire acondicionado y 19 para la calefacción.
A regañadientes, el Ejecutivo gallego presidido por Alfonso Rueda avanza su intención de aplicar la medida, a pesar de criticarla por considerar que atañe a “cuestiones estéticas”. De esa forma, se desmarca de la rebelión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, la también popular Isabel Díaz Ayuso, que ya el lunes, cuando el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que impone estas medidas, anunció su rechazo. “Madrid no se apaga”, resumió, a pesar de la obligación legal de las administraciones de cumplir una normativa de este tipo. “Esto genera inseguridad y espanta el turismo y el consumo. Provoca oscuridad, pobreza, tristeza, mientras el Gobierno tapa la pregunta: ¿qué ahorro se va a aplicar a sí mismo?”, alegó la madrileña. Su Ejecutivo estudia recurrir la norma estatal ante el Tribunal Constitucional y recuerda que el Gobierno ya aplicó medidas que “no mejoraron la salud, pero dañaron la economía”. El PP concede libertad a sus comunidades en esta materia, pese a la obligatoriedad de cumplir la legislación.
La Xunta, que cuenta con un patrimonio de casi 6.000 propiedades —la mayor parte inmuebles— también criticó las propuestas de una medida en sintonía con la petición de la Unión Europea a los estados miembro de reducir un 15% su consumo de gas ante la previsible reducción del suministro desde Rusia como consecuencia de su invasión a Ucrania. A España y Portugal, menos dependientes de ese proveedor, el recorte recomendado es del 7%.
“Si al Gobierno le preocupa realmente el problema energético de España, no debería limitarse a cuestiones estéticas, sino afrontar de una vez los problemas de suministro que amenazan de cierre a muchas industrias y ponen en riesgo puestos de trabajo”, alegan fuentes del Gobierno gallego.
“Galicia está analizando el Real Decreto y estudiando la fórmula en la que se puede aplicar. Que las administraciones ahorremos en energía superflua es una medida que repercutirá en el bolsillo de los contribuyentes”, añade, antes de criticar que se haya tomado la decisión “sin consenso con las comunidades y, sobre todo, sin los sectores económicos a los que se les pide que apaguen sus escaparates y limiten el uso de la climatización”. En ese punto, coincidió el gobierno andaluz, en manos del PP.
Por su parte, la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp), presidida por el alcalde socialista de Vilagarcía, Alberto Varela, defiende las medidas, que “no conllevan perjuicio. “Nadie puede dejar de arrimar el hombro, ni la ciudadanía, ni empresas ni cuanto menos la administración”, finalizó .
