La Xunta reprocha al Gobierno central su “exigencia impuesta” de que las comunidades tengan que suscribir la estrategia para la conservación del lobo, que implica el veto total a la caza del animal, para poder recibir los fondos para la prevención e indemnización de los daños causados por esta especie.
Galicia se ha mostrado contraria a esa prohibición porque perjudica a las comunidades que acumulan la mayor parte de las manadas y reclama poder organizar batidas cuando se detecte sobrepoblación. También se opusieron Castilla y León, Asturias y Cantabria. Las cuatro suman más del 90% de los lobos de España.
El nuevo enfrentamiento quedó plasmado ayer. La Consellería de Medio Ambiente reveló la intención de condicionar fondos por parte del Gobierno, según le trasladó el secretario de Estadio de Medio Ambiente, Hugo Morán, a la conselleira Ángeles Vázquez a través de una carta.
El Ejecutivo gallego recuerda que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el presente ejercicio “ya consignaron 20 millones de euros para paliar los daños del lobo, por lo que la suscripción de la estrategia no puede estar vinculada” al reparto de esta cuantía.
La Consellería de Medio Ambiente lamenta que esta decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico esté “claramente vinculada” a la oposición de Galicia a la inclusión del lobo en el Listado de especies silvestres en régimen de protección especial (Lesrpe).
La Xunta votó en contra de la aprobación de esta estrategia en la Conferencia Sectorial del 28 de julio porque, según argumenta, “perjudica a la población rural gallega, específicamente de la que se dedica a la ganadería extensiva” y “no aporta la seguridad jurídica suficiente para la gestión de la especie”.
Además, afirma que su elaboración parte de “vitales carencias” de base, como la falta de un censo nacional actualizado.
