Galicia activa la vía jurídica para intentar tumbar las modificaciones del reglamento de Costas publicadas este mes en el BOE. La Xunta y el Observatorio do Litoral, grupo de investigación dependiente de la Universidade de A Coruña, coinciden en que existe “base jurídica suficiente” para interponer un recurso y poder frenar un texto que pone coto a las concesiones en dominio público marítimo-terrestre o que abre la puerta a ampliar estas zonas a través de una interpretación más laxa de los deslindes. La industria, por su parte, se opone frontalmente a los cambios, pero se resigna a intentar reformular el texto en el futuro o a crear una nueva ley mediante encuentros con las administraciones y grupos políticos del espectro parlamentario a los que propondrán la incorporación de estas medidas en sus programas.
La Xunta informó ayer de una reunión que mantuvieron la secretaria xeral técnica de la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Carmen Bouso, y el director xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica, Antonio Basanta, con representantes del Observatorio do Litoral.
Tras recibir el visto bueno del grupo de investigación de la universidad, los servicios jurídicos del Gobierno gallego estudiarán la posibilidad de recurrir una norma que, como ya avanzaron las consellerías de Mar y Medio Ambiente, supone un “ataque directo” contra el sector mar-industria y contra aquellos titulares de viviendas en el litoral gallego.
Además, desde la Xunta lamentaron que tanto el Consejo de Estado como el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico rechazasen remitir a la Comunidad el dictamen preceptivo sobre esta modificación reglamentaria, en su condición de interesada. De igual forma, tampoco se incluyó ninguna de las alegaciones enviadas por parte del sector.
“Esta nueva normativa limita las cesiones para las industrias del mar a 30 años, impide que haya viviendas en el litoral y abre la vía para modificar los límites del dominio público marítimo-terrestre de una forma totalmente arbitraria”, criticó el Gobierno gallego en un comunicado.
Industria
Mientras, desde la Confederación Mar-Industria Alimentaria (formada por Anfaco, Agade, Aprimar y Cluster Acuicultura) quisieron trasladar su “profunda decepción” con el Real Decreto y su “total desacuerdo” con las modificaciones. “Se constata la inseguridad jurídica en la que operan las instalaciones del complejo mar-industria ante un texto que limita y acota la planificación empresarial a 30 años, salvo para cultivos marinos”, explicaron a través de un extenso comunicado.
Entre otras cuestiones, desde la Confederación apuntan que “se detraerá o paralizará cualquier inversión en la ampliación o modernización de las empresas ya en funcionamiento en la zona costera y disuadirá cualquier intento de implantación de nuevas empresas del sector mar-industria alimentario en nuestra costa”.
“No nos resignaremos a ver cómo se va desmantelando progresivamente tanto la actividad productiva como el empleo que nuestras empresas desarrollan en la costa”, avisó la Confederación, que apeló a que los grupos políticos incorporen en sus programas la elaboración de un nuevo texto o el cambio del actual, con el consenso social necesario.
