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La Opinión de A Coruña

La plusvalía inyecta 230 millones en cinco años de vacío legal en Galicia, un 17% más de lo previsto

Miles de contribuyentes recurren a los tribunales para exigir la devolución del impuesto mal calculado. Economistas cuestionan que la reforma del tributo no tenga carácter retroactivo

Carteles de ‘Se vende’ en una vivienda en A Coruña. | // VÍCTOR ECHAVE

Casi cinco años. Es el plazo transcurrido entre que se dictaron las primeras sentencias que anulaban el impuesto de plusvalía municipal cuando las ventas de inmuebles en suelo urbano no generaban ganancia alguna y el último fallo del Tribunal Constitucional que exigía cambiar el sistema de cálculo para ajustarlo a la evolución del mercado inmobiliario y que, en la práctica, resulta menos gravoso para el contribuyente. Durante ese lustro, los ayuntamientos que aplican este tributo de carácter voluntario —3.691 en el conjunto del país, 115 en Galicia— continuaron aplicando los coeficientes que marcaba la Ley de Haciendas Locales ya que no fue hasta el pasado mes de noviembre cuando el Consejo de Ministros aprobó la reforma del impuesto de plusvalía para subsanar la nulidad del modelo de cálculo decretada por el Alto Tribunal.

Entre 2017 y 2021, los ingresos municipales en Galicia por el llamado Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana superan los 230 millones, un 17% más de lo previsto por los propios ayuntamientos en la elaboración de sus presupuestos. Así lo recogen los datos de liquidación presupuestaria publicados por el Ministerio de Hacienda, con la excepción de 2021, cuyo balance definitivo no está cerrado y tan solo están disponibles las memorias de las cuentas previstas para ese ejercicio.

Esta situación de vacío legal durante estos cinco últimos años ha dejado un aluvión de reclamaciones de los afectados en el ayuntamiento de turno para lograr la devolución de la factura fiscal abonada en ventas a pérdidas o que, incluso habiendo ganancias, no se ajustaba a la evolución del mercado inmobiliario o a los beneficios reales. En la mayoría de los casos, los concellos desestimaron las quejas de los contribuyentes, que se vieron abocados a acudir en masa a los tribunales para exigir el cumplimiento de los sucesivos fallos del Constitucional.

Desde noviembre del año pasado, hay dos opciones para determinar la cuota tributaria que el contribuyente puede elegir para aplicar la más beneficiosa: pueden optar por hallar el importe por el resultado objetivo de multiplicar el valor catastral por unos nuevos coeficientes que tienen en cuenta la realidad inmobiliaria o pueden decantarse por el cálculo a través de una ganancia real, con la diferencia entre el precio de venta y el de adquisición. Con la nueva baremación, los ayuntamientos gallegos calcularon que la recaudación por este tributo caería en torno a un 20%, por lo que exigieron al Estado estudiar fórmulas para compensarles por la caída de ingresos.

Pero nueva normativa no tiene efectos retroactivos —solo se puede reclamar por los cuatro últimos ejercicios, ya que los anteriores habrían prescrito— y, por tanto, no se podrá aplicar a hechos imponibles que todavía no se hayan devengado, esto es, a transmisiones ya realizadas, pero que aún no hayan sido liquidadas, autoliquidadas o declaradas. Para Juan José Santamaría, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y expresidente del Colegio de Economistas de Pontevedra, resulta “incongruente” y “contradictorio” que la normativa impida reclamar con carácter retroactivo. “Si dictamina que la norma era inconstitucional, lo era antes y después”, sentencia el economista, que celebra que el Constitucional finalmente haya entrado en el fondo de la cuestión. En sus primeros fallos se limitó a analizar las operaciones en suelo urbano cuando se producían minusvalías, es decir no generaban ganancia para el contribuyente, pero en la última sentencia —destaca Santamaría— dictamina que el impuesto es “inconstitucional” porque parte de una “valoración artificiosa”.

En 2019, las arcas municipales gallegas batieron el récord de recaudación de este tributo: casi 48 millones, un 30% más de los previsto por los propios ayuntamientos. Para el ejercicio pasado se proyectaron unos ingresos de 46,08 millones, una cantidad que de mantenerse la tendencia de los últimos años se quedará por debajo de la estimación inicial. A Coruña y Pontevedra son las provincias con más recaudación por el impuesto de plusvalía, 17,56 millones y 15,7, respectivamente, en 2020, según los últimos datos de liquidación presupuestaria disponibles, lo que supone el 74% del conjunto autonómico.

En Galicia, el 90% de los contribuyentes se deja en el impuesto de plusvalía una media de 2.500 a 7.500 euros. Economistas advierten de que solo compensará reclamar vía judicial si la cuantía a devolver supera los 5.000 euros. “Hay que tener en cuenta la minuta del abogado, que puede suponer hasta una tercera parte de lo que se llegue a recuperar y si finalmente se pierde y se es condenado a pagar en costas pueden ser otros 1.500 euros”, detalla Juan José Santamaría.

Economistas exigen anular la doble tributación municipal: IRPF y plusvalía

La reforma del impuesto de plusvalía es una demanda que viene de lejos. Desde hace años, los economistas defienden su revisión por “injusto” y “exagerado”. Sus propuestas van desde su deducción del IRPF hasta su eliminación. Dos de sus reclamaciones ha sido tenido en cuenta tras los sucesivos fallos del Constitucional: que no se graven las operaciones cuando haya pérdidas y que se cambie el sistema de cálculo cuando haya una plusvalía, ya que la estimación generaba revalorizaciones que no eran reales. Juan José Santamaría advierte de que con la plusvalía se produce una doble tributación con el IRPF que, en Renta, grava las ganancias patrimoniales, incluidas las habidas en terrenos urbanos.

“La Constitución cuestiona esta doble tributación (sobre el terreno construido) respecto a las comunidades autónomas, pero no para los ayuntamientos”, censura Santamaría. Es decir, cuando una persona vende un inmueble en suelo urbano ya tributa por IRPF y, además, se le exige la plusvalía. “Es una cuestión pendiente eliminar esta doble tributación”, reclama. En el caso de herencias mortis causa, el contribuyente está ante una situación de “plusvalía del fallecido”, por lo que los expertos defienden que por las mismas razones que herederos no tributan en Renta por las ganancias patrimoniales de los finados, no deberían hacerlo por este impuesto local.

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