La Xunta admitió ayer que algunas brigadas antiincendios aún no estaban constituidas en las zonas más afectadas por la ola de incendios que arrasaron miles de hectáreas en la segunda quincena de julio, pero culpó de ello a los concellos, porque era su función activar a las cuadrillas, y descargó de responsabilidad a la Consellería do Medio Rural. Así lo aseguró ayer el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Rodríguez Vázquez, durante su intervención en comisión parlamentaria para responder a una pregunta de la diputada socialista Carmen Rodríguez Dacosta.
El alto cargo reconoció que las brigadas municipales se constituyeron “tarde” este año, poniendo el foco en los municipios por esta demora. “Cada ayuntamiento constituye las brigadas si quiere; lo que hace la Xunta es financiarlas a través de convenios”, destacó, antes de indicar que el proceso se inició a mediados de mayo con la redacción de un borrador del convenio que fue remitido a las entidades locales el 3 de junio para que estudiasen si se adherían a él y, con ello, accedían a la financiación.
Con este cronograma, dijo, los ayuntamientos pudieron iniciar la constitución de las brigadas a partir del 30 de junio y con el 15 de agosto como fecha límite para hacerlo. Por tanto, el director xeral remarcó que fue responsabilidad de las administraciones locales que no hubiese brigadas constituidas durante la segunda quincena de julio y la segunda de agosto, fechas en las que se produjo el grueso de fuegos, por el momento, del peor verano histórico en Galicia en materia de incendios.
Además, Rodríguez Vázquez recordó que el plan de prevención y defensa contra los incendios forestales de Galicia (Pladiga) establece que los meses con mayor riesgo de incendio son agosto, septiembre y octubre. “Los meses a cubrir más importantes son esos. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas”, enfatizó.
En todo caso, también admitió que hubo problemas a la hora de constituir estos cuerpos por las “dificultades” para encontrar titulados que puedan asumir el cargo de jefe de brigada, un requisito marcado por una ley “que no puede cambiar el Gobierno gallego”.
El responsable de gestión forestal de la Administración autonómica defendió que el nivel de aplicación de las medidas recogidas en el dictamen elaborado a raíz de la ola de incendios de octubre de 2017 es “considerablemente alto”, aunque cuestiones como la recuperación de quemas controladas fueron limitadas por cuestiones meteorológicas ante la escasez de lluvias.
Y replicó a la diputada socialista sobre lo que considera “mantras” que “se repiten año tras año” y que, según el responsable del Gobierno autonómico, no tienen fundamento. El primero, la publicación del Pladiga en el mes de mayo, algo que se lleva a cabo para “incorporar” las estadísticas definitivas de incendios del año anterior pero cuya presentación “no influye” porque se trata de un documento que está en vigor “durante todo el año”. “No es un debate razonable”, espetó sobre las críticas a que este plan vea la luz a las puertas del verano.
Por último, negó que la Xunta gaste más en extinción que en prevención, otro “debate maniqueo” para Rodríguez Vázquez, que sostuvo que el balance entre lo primero y lo segundo se mueve en torno “al 40 y el 60%” en favor de la prevención.
