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Director de Vivienda Social y Asequible y Relaciones Institucionales de la Sareb

Pau Pérez de Acha: “Muchas administraciones rechazan viviendas de la Sareb por su estado o porque no están vacías”

“Una de las condiciones a comunidades y ayuntamientos es que el 50% de las propiedades cedidas para alquiler social estén libres y el otro 50% con una familia” u “De cada cinco peticiones de cesión, se formalizan la mitad”

Pau Pérez de Acha. | // SAREB

Una lista de espera para acceder a una vivienda protegida que no deja de crecer y miles de pisos y casas vacías (más de 300.0000 en Galicia). Son las dos caras de una de las lacras del mercado inmobiliario: falta de un parque público que garantice el derecho a un techo a precios asequibles. Una de las líneas de trabajo de la Sareb, conocido como el banco malo, es fomentar los alquileres sociales con la cesión de parte de sus activos a comunidades autónomas y ayuntamientos. Su director de Vivienda Social y Asequible, Pau Pérez de Acha, advierte de que finalmente muchas administraciones rechazan propiedades de la Sareb por su estado o porque tienen una familia en su interior.

La Sareb tiene en cartera 15.000 viviendas para comunidades y ayuntamientos, que hasta la fecha han solicitado la cesión de 3.400. ¿A qué atribuye ese porcentaje tan bajo pese a la creciente demanda de pisos sociales?

Es un dato que sorprende. Tenemos un mandato: ceder un máximo de 15.000 viviendas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Pero hay cuatro factores que reducen mucho el porcentaje. Primero, no tenemos producto donde nos piden; segundo, el mal estado de conservación en el que se encuentran algunas; tercero, no todos los ayuntamientos tienen la capacidad para gestionar y, por último, muchas están habitadas por familias vulnerables y las administraciones quieren viviendas vacías.

¿En qué estado están los inmuebles que les llegan?

A Sareb no se le cedieron viviendas, sino préstamos hipotecarios. Sareb ha gestionado esos préstamos y se ha adjudicado las viviendas. Cuando las recibimos, muchas están en mal estado de conservación. En ocasiones, por los procedimientos hipotecarios que en este país son muy largos, los deudores van poniendo trabas que alargan los plazos y esto hace que para adjudicarnos una vivienda tardemos unos siete años. Y durante ese tiempo, el inmueble está sin que nadie haga mantenimiento alguno.

¿Les llegan libres u ocupadas?

Nos llegan en dos tipos de situaciones. Vacías en un estado de conservación muy deficiente y por tanto Sareb invierte para luego ofertar esas viviendas. Pero en un 40% de las ocasiones nos llegan con una familia dentro. Esto no quiere decir que se trate de ocupantes ilegales, sino que en la mayoría de los casos se trata de familias que habían firmado un contrato de alquiler con el promotor, que mientras había un proceso judicial le hacía un contrato de alquiler. Cuando detectamos que las viviendas nos venían en muchos casos con familias, ofrecimos a las administraciones el 50% de propiedades a ceder, vacías y el resto, con familias. Pero nos encontramos en ocasiones con ayuntamientos que no quieren viviendas con familias, sino que las quieren vacías. Eso reduce mucho el porcentaje de las que podemos facilitar.

De esas 15.000 viviendas en cartera de la Sareb para fines sociales, ¿cuántas están en Galicia?

No tenemos un parque bloqueado para ese fin. Nosotros hemos marcado unos criterios, que tengan unas características (de dos o tres dormitorios mejor que uno solo, por ejemplo). Trabajamos a demanda, por decirlo de alguna manera. Cuando un ayuntamiento se pone en contacto con nosotros porque quiere vivienda para alquiler social, miramos lo que tenemos ahí y en base a esos criterios técnicos vemos la disponibilidad que hay. No trabajamos con un parque cerrado, sino que marcamos un cupo.

¿Y cuántas cumplen en Galicia esos requisitos técnicos para poder cederlas?

No es un número cerrado. Cada día va variando. Nosotros tenemos un mandato, que es liquidar los inmuebles para repagar la deuda y que el Estado con ese repago pueda construir carreteras, hospitales, vivienda, porque al final son recursos públicos. Y desde principios de este año tenemos un mandato que se llama El principio de sostenibilidad, o un mandato social. Está operativo desde 1 agosto. Cuando nos encontramos situaciones de familias vulnerables y la administración local o autonómica no las puede asumir, las ponemos en un programa de alquiler social con el objetivo de que estas familias superen su situación de exclusión social y tengan un alquiler normalizado. En la parte de inserción laboral, vamos facilitando oportunidades de trabajo a nuestros clientes, también en coordinación con los servicios públicos. Con este objetivo hemos comenzado con un perímetro de 10.000 familias (en España), 3.000 han empezado en agosto y 7.000 empiezan ahora en septiembre. La política de Sareb es: toda familia vulnerable que quiera colaborar, les haremos un alquiler social con una renta ajustada a sus ingresos, con un máximo del 30%, los pondremos en un programa de acompañamiento social e inserción laboral.

¿Qué prevé hacer la Sareb con todo el parque de vivienda en su cartera, que son más de 45.000 en España, unas 1.800 en Galicia?

Eso queda fuera del ámbito de Sareb. Nosotros somos técnicos, no decidimos las políticas de Sareb, sino que somos un equipo de gestión. Me gustaría hacer un inciso. El 85% de las ventas que hicimos el año pasado fueron a particulares,. Hemos conseguido a través de estas ventas que muchas familias como la tuya y la mía accedan a una vivienda. Nuestro ticket medio de compra se mueve entre los 100.000 y 130.000 euros. Estamos hablando de un segmento de la población, al que Sareb le está facilitando el acceso a través de la venta. No estamos hablando de grandes carteras, que se venden a fondos. Vendemos a particulares.

De las negociaciones que se entablan, ¿qué porcentaje se cierran?

De cinco peticiones de convenio, acabamos realizando un 50%. Otra de las líneas con las que trabajamos con las diferentes administraciones es la venta. El número es bajo. No todas las administraciones tienen la capacidad para gestionar estas propiedades y eso limita las posibilidades.

¿Dónde es más fácil llegar a acuerdos por la disponibilidad de viviendas de la Sareb y la demanda del propio ayuntamiento? En A Coruña, por ejemplo...

En A Coruña tenemos 178 viviendas, pero acabadas 43. Las otras son la clásica estructura, los restos del naufragio de la crisis inmobiliaria o viviendas que estamos acabando de adecuar. Pero realmente que se ajusten a la demanda del ayuntamiento, hay seis. No tenemos tanto producto en A Coruña ciudad. Esto nos suele pasar en las grandes ciudades. Nos suelen quedar más viviendas en poblaciones que no son capitales de provincia. La cesión no solo depende de los requisitos técnicos sino también de los requisitos de los ayuntamientos. A lo mejor una vivienda que no le sirve a A Coruña, sí a Vigo, porque tienen distintas necesidades. Pueden cumplirse los requisitos técnicos, pero no se ajustan a la demanda. No es que no quiera dar un número es que soy incapaz porque las necesidades que nos plantean son diferentes.

“La mayoría de ocupaciones de nuestras viviendas son de familias vulnerables; a ellas les ofrecemos un alquiler social”

Dos tercios de los pisos ocupados en Galicia son propiedad de la Sareb o de procedencia bancaria, ¿cuántos procesos judiciales tienen en curso en Galicia por ocupaciones ilegales?

Hay dos situaciones diferenciadas. Tenemos una situación de ocupación sin título que tiene una particularidad. Estos inquilinos que habían firmado un contrato de alquiler con el anterior propietario. Lo que pasa es que el juzgado no le da validez porque a veces el promotor no lo ha registrado o no lo ha declarado. Tenemos que tratar de una manera diferente a alguien que de buena fe alquila un piso que a quienes tienen un proceso con la Sareb. Esto nos lo encontramos de manera frecuente. Como no se ha hecho el registro, esto no lo podemos abordar como una ocupación ilegal. No se puede generar un perjuicio a gente que ha actuado de buena fe y que no le han explicado toda la situación. No tenemos una ocupación ilegal superior a la de otros grandes propietarios, sino que tenemos esta particularidad. Por eso hemos tenido que articular este proyecto de poder formalizar un alquiler social que va muy dirigido a estas situaciones. Con ocupaciones de familias no vulnerables seguimos con nuestro proceso de recuperación de la posesión, a lo que dicte el juzgado. Y los juzgados tienen los tiempos que tienen.

Esta semana Unidas Podemos llevó al Congreso una iniciativa para sacar a alquiler social el parque de viviendas de la Sareb.

Soy un técnico. Esto se presenta en un foro político y son ellos los que deben valorarlo. Nos tenemos que someter a lo que digan nuestros responsables políticos.

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