Hace casi diez años, en 2013, la Sareb, conocido como el banco malo, puso en marcha un programa de cesión de vivienda social para las administraciones públicas. En una primera etapa, la reserva se limitaba a 2.000 inmuebles en el conjunto del país, en 2015 se elevó hasta las 4.000 y en la actualidad el cupo alcanza las 15.000. Pero a día de hoy solo una quinta parte de esa bolsa —apenas 3.400— está en manos de comunidades autónomas y ayuntamientos. Ubicación, estado de conservación, capacidad de gestión y propiedades con familias en su interior. Son los cuatro factores que, según apunta Pau Pérez de Acha, director de Gestión de Vivienda Social y Asequible y Relaciones Institucionales de la Sareb, reducen el porcentaje de los inmuebles que finalmente son asumidos por las administraciones autonómicas y locales para alquiler social. “Se seleccionan viviendas que estén en buen estado y emplazadas en zonas donde existen necesidades”, detallan desde la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, que en 2015 firmó el primer convenio para la gestión de alquileres asequibles para familias afectadas por desahucios o que forman parte de algún colectivo vulnerable.
El actual convenio de la Sareb con la Xunta, que finaliza el próximo 31 de diciembre y que está previsto que se renueve, incluye la gestión de 49 viviendas para alquiler social de las casi 1.900 adjudicadas a las comunidades. Estos inmuebles se reparten en un total de 18 concellos: ocho de la provincia de A Coruña (A Coruña, Arteixo, Cedeira, Cee, Culleredo, Ferrol, Miño y Narón), uno de Ourense (O Barco) y nueve de Pontevedra (Lalín, O Porriño, Poio, Ponteareas, Salceda de Caselas, Salvaterra de Miño, Silleda, Vigo y Vilagarcía).
Estas viviendas están adjudicadas en régimen de alquiler a personas afectadas por desahucios o que forman parte de algún colectivo vulnerable. El precio medio que abonan los beneficiarios en concepto de renta, según detallan desde el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS), es de 83 euros al mes, importe que varía en función de la situación económica y social de cada arrendador y la duración de los contratos es de cinco años.
Uno de los programas del Plan estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025 de la Xunta tiene como objetivo, precisamente, que el IGVS compre algunas de las viviendas cedidas por Sareb y Abanca. Para este fin, inyectará 8,3 millones de euros.
En cuanto a las adjudicaciones para arrendamiento social a los ayuntamientos, la Sareb tiene suscritos convenios con casi medio centenar en España. Pero solo uno en Galicia. En concreto, el concello coruñés de Miño, con 12 viviendas cedidas de las poco más de 1.500 en el conjunto del país.
En la actualidad, la Sareb está en conversaciones con varios ayuntamientos gallegos, pero por discreción elude concretar cuáles o el número. “Van oscilando cada mes. Muchas veces son contactos muy puntuales. También tenemos contactos estandarizados con los ayuntamientos para resolver situaciones sobrevenidas, una casuística concreta”, detalla el director de Gestión de Vivienda Social de la Sareb al tiempo que destaca el “contacto estrecho” que mantienen con la Valedora do Pobo: “Hace de interlocutora con ayuntamientos pequeños porque ahí nos resulta más difícil”.
Mapa autonómico
Que el parque de propiedades derivadas por la Sareb a las administraciones gallegas sea tan bajo se debe a la reducida cartera de inmuebles en esta comunidad. Principalmente, según apuntan desde la entidad, se concentran en el arco mediterráneo y los archipiélagos, algo en el centro y muy poco en la cornisa cantábrica. De las casi 1.900 viviendas sociales gestionadas a día de hoy por las comunidades autónomas, Cataluña está a la cabeza con más de 900; seguida por Andalucía, con 400. Lejos de estas cifras les siguen Castilla y León (100), Aragón (80) o Baleares (75). Finalmente están Canarias (50), Galicia (49), Extremadura (45), Cantabria (40), La Rioja (34), Comunidad Valenciana y Navarra (30 cada una) y País Vasco (10). En total 13 Ejecutivos autonómicos que gestionan alquileres sociales de bienes cedidos por la Sareb.
El modelo tipo de vivienda en la bolsa de la Sareb para familias vulnerables está en un segmento de entre 90.000 y 120.000 euros y de más de dos habitaciones, tanto concentradas en un edificio como diseminadas en distintos barrios. “Lo que solemos hacer en los convenios es que parte de la adecuación hasta un importe determinado lo asume la Sareb y si requiere un importe superior, lo hace la Xunta o el ayuntamiento”, detalla Pau Pérez de Acha. El plazo de negociación y cierre del acuerdo con una administración puede ir de los dos meses para los casos en que la demanda se ajusta a la vivienda disponible o demorarse hasta un año para estudiar alternativas en esa bolsa de pisos reservados para tal fin.
Seis promociones con 265 pisos en curso, en Galicia y tres con 118 inmuebles, ya terminadas
Viviendas, garajes, solares para levantar bloques de pisos, hoteles, oficinas o naves y promociones que levanta la propia Sareb. La cartera de inmuebles y destinatarios es amplia y variopinta. Árqura Homes, la entidad de Sareb que desarrolla la obra nueva de la sociedad y que opera a través de Aelca, mantiene en la actualidad seis promociones en curso en Galicia (265 viviendas); tres están en el área de A Coruña (147 viviendas). En total en la comunidad, la gestora de activos ha finalizado otras tres promociones (118 viviendas) de las que una —con 9 inmuebles— está en A Coruña. De las viviendas sin terminar que gestiona la Sareb, en Galicia han terminado cinco promociones (153 viviendas). Actualmente en curso tiene siete promociones en la comunidad (114 viviendas), de las que tres están en A Coruña (39). Sobre las adecuaciones de viviendas: desde sus inicios, Sareb ha finalizado las obras o está trabajando en 1.906 viviendas en Galicia, de las que 1.172 se ubican en A Coruña. En cuanto a los proyectos de suelo en desarrollo, a día de hoy tiene 26 en toda Galicia (seis se sitúan en A Coruña). Sobre la petición de la Xunta a la Sareb para que le ceda suelo para la construcción de vivienda pública, fuentes de Sareb detallan que están “estudiando su petición y que actualmente no hay una decisión tomada al respecto”.
