Nueve años después del siniestro del Alvia, que se cobró la vida de 80 pasajeros e hirió a 145 personas en la capital gallega, está a punto de arrancar el juicio, en el que se decidirá si las aseguradoras de Renfe, Adif, el maquinista del tren y el director de Seguridad en la Circulación de Adif en el momento de los hechos han de pagar 57,6 millones de euros. Ésta es la reclamación total por daños y perjuicios que en materia de responsabilidad civil se dirimirá en el juicio, que se celebrará en la sede de la Cidade da Cultura, en Santiago y empezará el próximo miércoles.
La próxima semana ya se producirán las declaraciones de los dos acusados. El maquinista del tren el día de la tragedia, Francisco José Garzón, y el que era jefe de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, se enfrentan a la petición del fiscal de cuatro años de prisión para cada uno. Además, plantea que el maquinista sea inhabilitado para su trabajo durante el tiempo de la condena y que el otro acusado por el mismo tiempo tampoco pueda ejercer cualquier profesión relacionada con gestión, seguridad o responsabilidad en infraestructuras ferroviarias.
El fiscal les acusa de 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, 145 de lesiones por imprudencia grave profesional y un delito de daños. Al maquinista se le juzgará porque, según el tribunal, “infringió indiciariamente el deber de cuidado” de circular a la velocidad que tenía establecida al llegar a la curva de la tragedia y esto “provocó el descarrilamiento del tren al no respetar la velocidad máxima permitida”.
Cortabitarte se sentará en el banquillo de los acusados por falta de atención del “riesgo especial de descarrilamiento” en la curva de A Grandeira. El fiscal sostiene que “el accidente no hubiese sucedido si Adif y Cortabitarte hubiesen gestionado el riesgo de exceso de velocidad en el tramo”. Esa ausencia de gestión fue la que provocó, según el Ministerio Público, que la línea no fuera segura.
Para que la magistrada María Elena Fernández Currás, titular del juzgado de lo penal número dos de Santiago, dicte sentencia, antes habrá de escuchar las declaraciones de 522 testigos, 21 testigos/peritos y 126 peritos, lo que supone una media de 18 declaraciones al día.
Los familiares de los fallecidos y las víctimas llegan al final de una larga travesía, tanto que ya han declarado que cuando “la Justicia es lenta no es Justicia”. También han manifestado su desesperación por no haber logrado la depuración de responsabilidades políticas. Siempre han demandado una investigación independiente. No les vale la realizada por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, que señaló como única causa la distracción del conductor.
