La bajada de impuestos se ha situado como eje central del debate político. La ofensiva de los gobiernos del PP ha arrastrado a comunidades socialistas como Valencia a anunciar también reducciones en el IRPF en medio de la crisis de precios más grave en cuatro décadas. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, avanzó ayer que mantendrá esa senda y que estudia nuevas bonificaciones. “Evitaremos poner en riesgo la consistencia del Estado del Bienestar y no poder pagar los servicios públicos, aunque sigamos bajando impuestos, que lo vamos a hacer”, prometió en el Parlamento.
Rueda acudió a la sesión de control en la Cámara un día después de anunciar las líneas maestras de los presupuestos gallegos para 2023 y presentar como anuncio estrella la deflactación del IRPF en los tramos hasta 35.000 euros, lo que generará 46 millones en la declaración de la renta del próximo año para un millón de contribuyentes gallegos. La media es de 46 euros, que subirá a 60 si se añade la rebaja del 9,4% al 9% el descuento del tramo autonómico del IRPF detallada en mayo.
Rueda destacó la idoneidad del medida en un contexto de inflación desbocada ante las críticas de la nacionalista Ana Pontón, que le afeó la reducción de otro 25% hasta el 50% del impuesto de Patrimonio para unos 8.000 “ricos”. Estos lograrán una bonificación de “4.415 euros de media” respecto al año pasado mientras la deflactación del IRPF alcanzará los 46. “¡Vaya diferencia!”, se quejó.
Más tarde, en Ourense, Rueda usó los vaivenes en el PSOE para destacar que “si otras comunidades lo hacen parecido a Galicia es que Galicia está acertando”, en alusión a la rebaja fiscal de la Comunidad Valenciana en un contexto político con la vista en las municipales y autonómicas de mayo en la mayor parte de comunidades (no en Galicia).
El Gobierno está molesto con la actitud no solo del valenciano Ximo Puig, sino también con el aragonés y también socialista Javier Lambán, que también ha abierto la posibilidad a aplicar rebajas fiscales. A pesar de ello, ayer ofreció un giro en sus planteamientos.
La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, rechazó la “espiral” de descuentos de impuestos, que “desaconsejan los organismos internacionales” y exigió “coherencia” a las comunidades que apliquen esas medidas si luego reclaman más recursos a la administración central. Aun así, Montero reconoció que trabajan en rebajas “quirúrgicas y selectivas” destinadas a “proteger a la población más vulnerable” que detallarán en días.
En el Parlamento, Rueda también rechazó la petición del portavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, para abrir una comisión de investigación sobre el uso de 159 millones de euros del Gobierno central contra el COVID. “Los fondos fueron aplicados en su totalidad”, zanjó.
