Los servicios de vehículos de turismo con conductor (VTC) solo podrán transportar viajeros entre diferentes ayuntamientos de Galicia, pero no dentro de un mismo municipio, por lo que se impedirá que compitan con los taxis para trayectos urbanos en la práctica. Este veto entrará en vigor el sábado 1 de octubre.
Es la fecha marcada por el conocido como decreto Ábalos de 2018, en recuerdo del entonces ministro de Transportes. Ante la conflictividad existente entre el taxi y este nuevo sector que explotan grandes multinacionales como Uber o Cabify en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona, fijó una prórroga de cuatro años para que los VTC amortizasen su inversión y luego fuesen las comunidades las que regulasen el sector, como han hecho Madrid y Cataluña. En el primer caso, los taxistas han recurrido la decisión por entender que se genera una competencia desleal.
Galicia vive ajena a este conflicto y la Xunta ha decidido no regular la cuestión, por lo que “a partir del próximo 1 de octubre las licencias VTC en Galicia no podrán realizar servicios dentro del mismo municipio”. Por ejemplo, estos vehículos contratados por particulares o empresas no podrán llevar a un ciudadano de la calle Barcelona a Ronda de Outeiro, pero sí de los Cantones a algún punto de Sada.
La presencia de firmas de VTC en Galicia es residual. Cabify, por ejemplo, no opera en Vigo y Uber abandonó la comunidad el año pasado en protesta por la obligación de reservar el servicio con 15 minutos de antelación. Cabify sí ha encontrado una vía de operar en A Coruña colaborando con los taxistas. Se pueden reservar sus viajes a precio cerrado, pero no son conductores de VTC, sino conductores con licencia de taxi.
Galicia cuenta con 3.508 permisos de taxi y 281 de VTC, una proporción de 12 a 4 cuando debería ser por ley de 30, según el Real Decreto-ley 13/2018 de 28 de septiembre. El reparto es desigual a nivel provincial. En A Coruña existen 195 permisos VTC por 1.444 de taxi; en Pontevedra, 34 y 1.238; en Lugo, 32 y 497; y en Ourense, 20 y 329, respectivamente, según datos de la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade.
El departamento que dirige Ethel Vázquez celebra la “tradición de convivencia pacífica” alcanzada en la comunidad entre ambos tipos de empresas y destaca la ausencia de demanda de una regulación específica, a pesar, por ejemplo, de los problemas en Santiago, donde la avalancha de turistas y la escasez de taxis ha generado problemas para poder contratar el servicio.
“En Galicia no existen los mismos problemas que pueden tener otras comunidades autónomas en relación con este asunto. Eso hace que la Xunta no haya recibido ningún tipo de propuesta del sector de las VTC ni de ninguna ciudad con objeto de legislar sobre el asunto”, expone Infraestruturas.
El decreto Ábalos abre la puerta a extender la moratoria que vence el sábado otros dos años si el titular del permiso VTC demuestra que no ha podido recuperar su inversión, que era el motivo de ese plazo de cuatro años.
Conflicto y recursos
Las empresas se agarran a esa posibilidad para extender su actividad fuera de Madrid y Cataluña, que cuentan con regulación. Según informó El País, los recursos ante el Ministerio de Transporte suman 16.000 expedientes, pues deben presentarse de manera individual.
Ahora es el Ejecutivo el que podría alterar el calendario que en Galicia fija el 1 de octubre como fecha límite para que las VTC operen dentro de un municipio.
La Xunta reclama precisamente a Transportes regular la cuestión. “Es el Gobierno de España el que ostenta las competencias en la materia y es quien debe dictar unas normas básicas estatales que sirvan de base para la regulación en esta materia”, alega el departamento de Infraestruturas e Mobilidade.
