A la Xunta no le ha gustado nada la subida salarial para todos los empleados públicos pactada por el Gobierno central con los sindicatos CCOO y UGT. Denuncia que Moncloa no tuvo contactos ni negociaciones previas con las comunidades y que el incremento de las nóminas va a provocar “un fuerte impacto en las finanzas autonómicas”, tanto por no contar con transferencias de fondos del Estado para afrontar ese aumento de las retribuciones como por el hecho de que una parte de la subida de las remuneraciones tenga efecto retroactivo desde el 1 de enero de este año.
Según el acuerdo del Gobierno con los dos sindicatos para compensar —aunque solo en parte— la inflación, el sueldo de 3,4 millones de empleados públicos —de los que unos 100.000 pertenecen a la Xunta— subirá el 7,5% desde ahora y hasta el 2024. Este año lo hará un 1,5% adicional —con carácter retroactivo— en un ejercicio en el que los sueldos ya han subido un 2%. Ese punto y medio extra se abonaría en una paga extra en la nómina de diciembre que podría rondar los 500 euros. En 2023 subirán un 2,5% fijo, más otro punto variable (es decir, hasta el 3,5%). Y para 2024 la subida sería del 2%, más otro medio punto en variables.
Es decir, desde ahora y hasta 2024 los sueldos subirán hasta el 7,5% o el 9,5% si se computan los dos puntos que ya aplican en estos momentos para el presente ejercicio. El resultado será que los funcionarios cobrarán más de 200 euros más al mes de media dentro de dos años.
La Consellería de Facenda es consciente de que al tratarse de normativa básica del Estado tendrá que aplicar ese incremento a sus trabajadores, pero lamenta las maneras, “sin ningún tipo de participación ni negociación previa, lo que es un comportamiento lejos de la cogobernanza real”. Sobre todo porque el acuerdo con los sindicatos afecta directamente a las arcas autonómicas.
“La Xunta echa en falta más lealtad institucional por parte del Gobierno central en una negociación tan importante para las finanzas y los trabajadores autonómicos”, se queja. Pero el malestar está provocado singularmente por el hecho de que en diciembre haya que abonar una “paga extra” por el aumento retroactivo del 1,5%. “El Gobierno gallego entiende que esta subida sin financiación generará inseguridad jurídica y un fuerte impacto en las finanzas autonómicas”, reprocha la Consellería de Facenda.
