La Opinión de A Coruña

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El alza de los costes deja desiertas en un año 149 obras públicas por más de 30 millones

La media de las licitaciones vacantes en Galicia se sitúa en 203.365 euros, la mitad que en el conjunto del país. Es la quinta comunidad con el mayor número de concursos afectados

Obreros en el asfaltado de una calle. | // BRAIS LORENZO

Los tentáculos de la pandemia atraparon a todos los sectores y actividades. A algunos los asfixió nada más estallar la crisis sanitaria obligándoles a echar el cierre, ya fuera de manera temporal o definitivo, y otros sobrevivieron el embate inicial, pero acabaron también con las cuentas en números rojos, con una plantilla cada vez más mermada y unos ingresos muy por debajo de los gastos. Ya en la recta final de 2021, las empresas y profesionales de la construcción advertían de que los costes se elevarían al menos un 8% por la escasez de mano de obra y de materiales.

A los cuellos de botella en las cadenas globales de suministro y la carestía de materias primas, que dispararon los precios de algunos materiales y dificultó la planificación de las obras, se sumó este año la guerra de Ucrania. ¿Las consecuencias en la industria constructiva? Licitaciones de obras públicas desiertas porque los pliegos de los contratos no se ajustan a los desorbitados costes que afrontan las empresas. Desde octubre del año pasado hasta este mes de septiembre, un total de 1.939 concursos convocados por las administraciones en España por un importe de casi 883 millones se han quedado sin participación de ninguna empresa. En Galicia fueron 149 las licitaciones vacantes durante el último año por un valor de 30,3 millones, según un informe de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC).

La patronal del sector advierte de que solo entre enero y septiembre de este año el número de obras públicas que han quedado sin ejecutar por no presentarse empresa alguna fueron en el conjunto del país 1.455 por un importe de 652 millones. En el caso de la comunidad gallega, han quedado desiertos en este periodo 53 proyectos, el 35% del total en el último año. Y su valor asciende a 9,7 millones, un tercio del volumen de concursos desiertos desde octubre de 2021.

El importe medio por obra sin licitar en el último año supera los 455.000 euros en el mapa nacional, lo que refleja que hay proyectos de todos los tamaños, afectando tanto a grandes como a pequeñas y medianas constructoras. La inversión media en los concursos vacantes en Galicia se queda muy por debajo de la media nacional, menos de la mitad: 203.365 euros.

En el conjunto nacional, Galicia está pintada en rojo en el mapa del sector, ya que es la quinta comunidad que durante el último año ha afrontado un mayor número de licitaciones desiertas: 149, casi el 8% del total nacional. A la cabeza se coloca Cataluña (378), seguida de Castilla-La Mancha (226), Comunidad Valenciana (208) y País Vasco (168). En el otro extremo se encuentran Cantabria, con solo un proyecto sin concurrencia alguna, seguida de La Rioja (14), Navarra (16) y Asturias (29).

En cuanto al importe de las obras afectadas, Galicia ocupa en duodécimo puesto (30,3 millones, el 3,5% del volumen total en España). Las más damnificadas por los desajuste de precios fueron las empresas catalanas (130,3 millones), andaluzas (104,9) y castellano-manchegas (100,98), las únicas que superaron la barrera de los 100 millones de euros.

Según el informe de la CNC, la obra de mayor cuantía que ha quedado desierta en el país en el último año supera los 28 millones. Se trata de la rehabilitación integral del antiguo hospital El Carmen y su urbanización exterior en Ciudad Real. En el caso de la comunidad gallega, las licitaciones sin concurrencia alguna de mayor importe durante el último año han sido los trabajos de finalización del proyecto constructivo de los carros de mantenimiento del viaducto del AVE a su paso por Catoira (casi 4,1 millones) y la ampliación del complejo deportivo de Fieteira, en Ribeira (1,3 millones).

La mayoría de concursos vacantes afectan a proyectos por debajo de los 500.000 euros; 139 desde octubre del año pasado en Galicia. Entre medio millón y un millón de euros fueron siete las licitaciones que quedaron sin cubrir y por encima del millón, tres. En el conjunto del país, por debajo del millón de euros fueron 1.612, 121 entre los 500.000 y el millón de euros y por encima de ese coste, 156.

Desde la patronal advierten de que el volumen actual de obras públicas desiertas evidencia que “los proyectos que se licitan continúan sin tener en cuenta el sobrecoste de materiales y no incluyen cláusulas de revisión de precios”. ¿La consecuencia? El sector avisa de más cierres de empresas, “paralizando alarmantemente la ejecución de los fondos europeos”.

Ante esta situación, el colectivo apremia al Gobierno central a “sacar adelante un nuevo real decreto ley de revisión de precios más ambicioso y libre de condicionantes” que —defiende— “no discrimine a la práctica totalidad de las obras e incorpore los precios descontrolados de la energía y otros materiales, cuyo impacto —alerta— puede llegar a representar el 30% de los sobrecostes totales”.

Pequeñas y medianas empresas, al límite

Trabajan a pérdidas o directamente echan el cierre. Es la situación que vive a día de hoy el sector de la construcción. “O se adoptan soluciones urgentes o seguirán muriendo empresas y destruyéndose empleo en un sector crucial para la ejecución de los fondos europeos”, avisa el presidente de la CNC, Pedro Fernández-Alén.

Las pequeñas y medianas constructoras son las más asfixiadas por este desajuste de precios, para estas —advierte Fernández-Alén— la situación es muy compleja”, hasta el punto de tener que rehusar concurrir a una licitación en un país —apunta— “donde históricamente no se han registrado obras desiertas”. La patronal de la construcción estima que el tercer real decreto ley aprobado por el Gobierno para aliviar los sobrecostes solo puede aplicarse al 3% de los contratos públicos de obras en ejecución. Frente a ello, urge a eliminar o, al menos, a rebajar al máximo el “muy restrictivo umbral del 5%” para permitir que un mayor número de proyectos de diferente tipología y duración puedan acogerse a la revisión excepcional de precios; incluir obras que se ejecutaron durante 2021 y finalizaron antes del 1 de marzo de 2022 y que se han visto igualmente afectadas que las que se construyeron después; e introducir en el cálculo más materiales, además de la energía.

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